La presión ejercida por Estados Unidos para que México reduzca los privilegios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha alcanzado niveles notables. Este desarrollo surge tras la reciente presentación de una iniciativa en el Congreso estadounidense, que busca establecer controles dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TMEC) sobre el sector energético. Los empresarios estadounidenses han expresado su preocupación, argumentando que las políticas mexicanas favorecen a estas empresas estatales, limitando de esta manera sus oportunidades de inversión en el país.
La propuestas legislativa, impulsada por el congresista republicano Jodey Arrington de Texas, sostiene que la renegociación del TMEC en 2021 tenía como objetivo abrir los mercados energéticos a la inversión de Estados Unidos. Sin embargo, Arrington critica que México no ha cumplido con estos compromisos, lo que ha afectado la competencia y ha favorecido a Pemex y CFE. La propuesta cuenta con el respaldo de un grupo bipartidista, lo que aumenta significativamente sus posibilidades de éxito en el proceso legislativo.
La iniciativa propone la instalación de paneles de resolución de controversias en el acuerdo, una medida que podría ser decisiva para abordar las quejas legítimas que surgen de los empresarios estadounidenses. Estos últimos señalan que Pemex y CFE dominan sectores estratégicos como la generación de energía, el transporte de gas natural, y la operación de instalaciones de energías renovables. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, John Murphy, subraya la necesidad de revisar temas como los permisos de importación de productos energéticos, así como las cargas administrativas que obstaculizan las inversiones.
La historia reciente de la política energética en México ha estado marcada por transformaciones importantes. En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto abrió el sector a la inversión privada, un movimiento que permitió a empresas estadounidenses ingresar al mercado. Sin embargo, estas oportunidades se vieron limitadas tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, quien ha priorizado la autosuficiencia energética del país.
López Obrador implementó una política que restablece el predominio de Pemex y CFE en el sector energético, argumentando que la apertura previa había dejado a las empresas estatales carentes de herramientas competitivas. Recientemente, la administración mexicana ha insistido en que no discriminan a los inversionistas estadounidenses y canadienses, reafirmando la existencia de mecanismos en el TMEC para resolver controversias.
Un análisis reciente del Consejo de las Américas destaca que la preferencia de México por Pemex y la CFE plantea problemas en relación a las disposiciones del TMEC sobre monopolios y discriminación. Los empresarios estadounidenses denuncian que las solicitudes de permisos para proyectos de energías renovables son sistemáticamente rechazadas por la CFE, y que las exigencias de información comercial sensible ponen en riesgo su competitividad. A medida que se aproxima la revisión del acuerdo en 2026, el camino hacia una resolución parece más complicado.
