En noviembre de 1988, una denuncia por la desaparición de un huésped llevó a la policía hasta una pensión de Sacramento. Bajo el jardín de la casa de Dorothea Puente aparecieron siete cadáveres; la investigación reveló un posible esquema de envenenamiento, fraude y cobro de prestaciones sociales a nombre de personas vulnerables.
Dorothea Puente y los cadáveres enterrados en el jardín de Sacramento
La policía llegó el 11 de noviembre de 1988 a la casa victoriana de F Street buscando a Alvaro “Bert” Montoya, de 51 años, quien tenía una discapacidad intelectual y esquizofrenia. La trabajadora social Judy Moise había gestionado su ingreso en la pensión y comenzó a preocuparse cuando dejó de tener noticias de él.
La casera ofreció explicaciones confusas sobre su paradero. Al revisar la propiedad, los agentes excavaron en el jardín y encontraron primero los restos de Leona Carpenter, de 78 años; durante los días siguientes aparecieron otros seis cuerpos. Los siete fallecidos habían vivido en la pensión.
Una pensión para huéspedes en situación de vulnerabilidad
Puente tenía 59 años cuando comenzó la excavación. De cabello blanco y modales afables, recibía a personas mayores, enfermas, sin hogar o con problemas de adicción, muchas de ellas sin familiares que pudieran advertir rápidamente su ausencia.
Para sus huéspedes, la casa podía parecer un lugar donde encontrar comida y alojamiento. Para los investigadores, esa relación de confianza habría permitido a la propietaria acceder a sus ingresos y ocultar durante un tiempo que algunas personas habían desaparecido.
- Alvaro Montoya: su desaparición originó la denuncia que condujo a la vivienda.
- Leona Carpenter: sus restos fueron los primeros hallados en el jardín.
- Dorothy Miller y Benjamin Fink: figuraron entre las víctimas por cuyos asesinatos Puente fue condenada.
- James Gallop, Vera Faye Martin y Betty Palmer: también fueron identificados entre los siete cuerpos enterrados en la propiedad.
La lista de víctimas reflejaba un patrón de aislamiento: cuando alguien carece de vínculos cercanos, una desaparición puede tardar más en ser denunciada. Esa vulnerabilidad se convirtió en un elemento central del caso.
El presunto fraude con prestaciones sociales y cheques de los huéspedes
La fiscalía sostuvo que Puente sedaba a algunos inquilinos con medicamentos y se apropiaba de sus cheques de asistencia y del Seguro Social. Según esa reconstrucción, los cobros habrían continuado incluso después de la muerte de las personas, mientras sus cuerpos permanecían ocultos.
Entre las sustancias mencionadas por los investigadores estaba Dalmane, un medicamento somnífero. Sin embargo, los análisis forenses no permitieron determinar con precisión la causa de muerte en todos los casos; por eso, la acusación combinó los restos hallados con registros financieros, medicamentos y testimonios sobre las desapariciones.
El supuesto mecanismo unía el control de los ingresos con la ocultación de los fallecimientos. Puente admitió haber cobrado cheques de algunos huéspedes desaparecidos, pero negó haberlos matado y afirmó que no informó de sus muertes porque temía regresar a prisión.
Antecedentes judiciales antes de los asesinatos investigados
El caso de Sacramento no fue el primer contacto de Puente con la justicia. En 1978 fue condenada por falsificar firmas de huéspedes en cheques de asistencia y recibió cinco años de libertad condicional, además de la prohibición de administrar una pensión.
En 1982 volvió a ser condenada por drogar y robar a varias personas. Salió de prisión en septiembre de 1985, con condiciones que le impedían gestionar una residencia para mayores, cuidar ancianos o manejar los cheques de terceros. Aun así, retomó el alojamiento de personas en la casa de F Street.
La sucesión de condenas y restricciones ayuda a explicar por qué los investigadores examinaron sus relaciones con los inquilinos y sus finanzas. El posible fraude no era un detalle separado de los crímenes: ofrecía una pista sobre el motivo y el modo en que las desapariciones pudieron pasar inadvertidas.
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Los entierros clandestinos y la investigación policial
La búsqueda de Montoya llevó a los detectives a excavar el terreno. Los siete entierros clandestinos transformaron un jardín doméstico en el centro de una investigación policial que debía responder dos preguntas difíciles: quiénes eran las víctimas y qué pruebas permitían vincular sus muertes con la propietaria.
Los cuerpos fueron identificados como los de Leona Carpenter, Alvaro Montoya, Dorothy Miller, Benjamin Fink, James Gallop, Vera Faye Martin y Betty Palmer. La fiscalía relacionó además a Puente con la muerte de Ruth Munroe, fallecida en 1982, y la de su expareja Everson Gillmouth, cuyo cuerpo apareció en una caja de madera junto al río Sacramento en 1986.
Gillmouth había desaparecido a finales de 1985. Un trabajador llamado Ismael Florez declaró que Puente le pidió construir una caja y le dijo que su pareja estaba de viaje; recibió, entre otros pagos, una camioneta que pertenecía a Gillmouth. El testimonio añadió una pieza a la pesquisa, aunque la prueba de cada homicidio tuvo que evaluarse por separado.
La huida durante las excavaciones
Mientras la policía seguía trabajando en la propiedad, Puente pidió permiso para salir y dijo que visitaría a un familiar. Se marchó con un abrigo rojo y zapatos de tacón, pero no volvió; la búsqueda de los cuerpos continuó sin ella.
La investigación se extendió hasta Los Ángeles, donde fue reconocida en un motel después de que su imagen apareciera en las noticias. El 17 de noviembre de 1988 fue detenida sin resistencia. Su fuga convirtió una pesquisa local en una búsqueda que captó la atención de todo el país.
El juicio de Dorothea Puente y las condenas por asesinatos
La fiscalía acusó a Puente de nueve asesinatos: los de ocho huéspedes y el de Gillmouth. La defensa cuestionó la ausencia de testigos directos y señaló que los médicos forenses no habían establecido con certeza cómo murieron varias víctimas; también sostuvo que algunos fallecimientos podían ser naturales.
El proceso comenzó en febrero de 1993 y se trasladó a Monterey debido a la repercusión del caso en Sacramento. Durante cinco meses declararon 156 testigos y se presentaron registros bancarios, documentos de prestaciones, informes médicos y toxicológicos, fotografías de las excavaciones y testimonios de personas vinculadas a la pensión.
Los fiscales describieron a las víctimas como personas casi invisibles para la sociedad, con pocos familiares o recursos para reclamar por ellas. El jurado deliberó durante 24 días y la declaró culpable de los asesinatos de Benjamin Fink, Leona Carpenter y Dorothy Miller; no alcanzó un acuerdo sobre los otros seis cargos.
La condena no confirmó judicialmente los nueve homicidios atribuidos por la fiscalía. Puente recibió dos penas de prisión perpetua por asesinatos en primer grado y una condena de 15 años a perpetua por homicidio en segundo grado, con penas concurrentes.
De la pensión de F Street a la prisión de Chowchilla
Puente pasó el resto de su vida en la Central California Women’s Facility, en Chowchilla. Murió allí el 27 de marzo de 2011, a los 82 años, por causas naturales.
El caso dejó al descubierto los riesgos que aparecen cuando una persona concentra el alojamiento, el cuidado cotidiano y el acceso al dinero de quienes dependen de ella. En la pensión, la apariencia de benefactora y la falta de seguimiento externo pudieron retrasar las alertas; la denuncia por Montoya terminó rompiendo ese aislamiento.
