‘Autoridad de SMA viola derechos legales y humanos de sus gobernados’; clausuran terraza por 4a. vez

Redacción

Newssanmiguel@gmail.com

SAN MIGUEL DE ALLENDE. – Cansados de las múltiples formas en que el gobierno los «hostiga y no los deja trabajar», el abogado de quienes tienen la concesión de «La Terraza», el inmueble situado a un lado de la Parroquia de San Miguel Arcángel, señalan que la administración pública de San Miguel de Allende «violenta los derechos legales y derechos humanos de sus gobernados».

El abogado Juan Ponciano Hernández, representante legal de quienes tienen en su poder la concesión desde el año 2016.

Indicó que luego de recibir la liberación de la suspensión que les hizo Protección Civil del municipio tras haber ganado en un juicio, decidieron hablar para indicó «que ya van por la cuarta demanda de amparo», debido a que las autoridades locales no los dejan abrir y que en la próxima denuncia que interpondrán contra funcionarios y servidores públicos: «los sanmiguelenses tendrían que pagar por las acciones de su gobierno».

«Ya tenemos 3 suspensiones, porque así como están atacando, así nos estamos defendiendo. Vamos por la cuarta demanda de amparo, esperamos que también nos otorguen la suspensión y después de eso, si nos conceden el amparo, entonces prosigue una demanda de daño patrimonial y esa la tendremos que pagar tú, yo y todos los que contribuimos en San Miguel, por la falta de cumplimiento a las normas básicas de las autoridades municipales», afirmó el abogado.

«Entonces yo creo que si hacemos conciencia en eso, habremos de reclamarle a nuestros gobernantes municipales y a las autoridades, que se ciñan al marco de legalidad elemental, porque esto genera una responsabilidad patrimonial para el Estado, en este caso para el gobierno municipal, y se va a tener que pagar en dado caso con dinero público, dinero de todos, por un actuar infundado, inmotivado y violatorio de derechos humanos de la autoridad municipal».

Señaló que el contrato de arrendamiento tiene una vigencia de 10 años, la propiedad fue arrendada en febrero del 2016 y vence en febrero del 2026, donde se pagan actualmente $60 mil pesos al mes.

«El Municipio nos cobra y el mismo municipio ha clausurado una y otra y otra y otra vez, el lugar para que no abra al público», dijo.

Esta pelea legal que lleva por lo menos 7 meses de duración y no se sabe, cuándo, ni cómo va a terminar.

Resaltó que desde que entró la administración municipal, encabezada por Mauricio Trejo Pureco, los propietarios del restaurante «La Terraza» dicen y han sido objeto de innumerables actos de molestia, requerimientos, respecto de su negocio.

Y relató:

«Todo empezó en el mes de octubre, cuando el negocio estaba en reacondicionamiento de equipo mobiliario, No de obra, no de construcción, no de edificación ni de ninguna otra especie de obra mayor o siquiera modificatoria», aseguró.

Destacó que en una visita que les hizo Protección Civil , a cargo de Roberto Pérez Solís, «sin orden fundada», dijo el abogado, clausuraron La Terraza con un acto y medida extremo, «que está permitida cuando realmente hay una inminencia de peligro hacia los comensales o hacia la gente que transita por el lugar».

Esa ocasión se promovió un juicio en el Tribunal Administrativo, en donde, ante la demanda por un lado y ante la falta de evidencia por otro, de que implicara un riesgo para los transeúntes o para los comensales, conceden la suspensión para que pueda abrir.

Posteriormente, relata, como la administración municipal se enteró de que iban a conceder una suspensión definitiva, ahora se le encomendó a la Dirección de Centro Histórico y Patrimonio, a cargo de Emilio Lara, hacer una revisión y ahora lo clausuró nuevamente por supuestas obras que se estaban haciendo.

El abogado indicó que se promovió un juicio ante el Tribunal Administrativo y ante la evidencia de falta de obra, el tribunal concedió otra suspensión, «o sea, la segunda suspensión para efecto en que se dejara en desarrollo el negocio».

El abogado Juan Ponciano Hernández relata que posteriormente se emitieron diversas inspecciones, diversos requerimientos por parte de la Dirección de Patrimonio y Centro Histórico, los cuales se cumplieron, pero nuevamente en febrero de este año, emitieron una nueva orden de suspensión total de actividades y desalojo total del inmueble.

«Al pelear y no hallar motivos, ahora dijeron que no era por el tema de la seguridad sino por el uso del suelo que estaba vencido, es decir, que en base a una presunción de la autoridad, hacen una suspensión de actividades y ordenan un desalojo total del inmueble, lo cual es todavía más ilegal, todavía más inconstitucional«, afirmó el abogado.

Ante este hecho, nuevamente acudieron a un medio de defensa, que en esta ocasión fue una demanda de amparo y nuevamente conceden una suspensión para que se de el acceso para que pudieran usar el inmueble.

«Posteriormente a eso, en una ocasión, pasó el señor presidente municipal (Mauricio Trejo) por ahí y le dijo al encargado del lugar ‘no pueden trabajar, está clausurado’ y 10 minutos después había unas 7, 8 patrullas, 30 elementos, que llegaron a hostigar. Mostramos que teníamos una suspensión y finalmente se fue«.

«Finalmente el 6 de abril, otra vez emiten otra suspensión de actividades ahora que no se tiene permiso para construcción, que se necesita un permiso para construcción, que ante las obras se clausura temporalmente, pero resulta que, en su escrito, en su orden, no revela, ni siquiera menciona cuáles son las supuestas remodelaciones, se limita a establecer que hubo una inspección donde el inspector ‘escuchó que en el interior del inmueble se oían martillos, martilleo’, entonces, cualquier persona con mediano conocimiento, intención, pues no podría afirmar con eso significa que hay una construcción, no hay una edificación, no hay una modificación al inmueble, el simple máxime autoridad especializada, técnica en eso, de ninguna manera le alcanza para sostener que con un martillo se está haciendo una modificación al inmueble».

El abogado indica que hay una «fijación por parte del gobierno de elevar los actos de molestia de una manera incisiva, tajante hacia esta persona, mis clientes».

«Nos requieren, notifican, emiten la clausura y ejecutan la clausura, TODO EN UNA MAÑANA, violando todos los derechos de mi cliente, los procesales y violando los derechos también humanos de La Constitución».