Redacción

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ESTADO DE MÉXICO– Don José Diego Suárez Padilla la gran mayor parte de su vida la dedicó a ser albañil, con esa profesión mantuvo y formó a su familia en el Estado de México.

Sin embargo las circunstancias lo llevaron a cambiar su forma de vida cuando un hombre asesinó a su hija Rosa Diana de 21 años de edad. Su asesino le arrebató la vida al darle 16 puñaladas.

De ahí comenzó su verdadero peregrinar, cuando buscó justicia para su hija, porque conocían al agresor, ya lo habían demandado y le habían pedido a la «justicia» que actuara contra él… pero antes de la «justicia» se la mataron.

A partir de ese momento, la negligencia de las autoridades fue un gran obstáculo, pues desde el inicio hicieron caso omiso a las advertencias de un crimen anunciado e ignorado por el Ministerio Público del Estado de México.

“Yo me juré ahí, donde me la dejó el criminal, que lucharía por ella. Que iba a luchar no sé hasta dónde para que se le hiciera justicia”, relató en una entrevista con el periódico Milenio.

Don José no se quedó tranquilo, no podía ver que era ignorado por las autoridades a las que ya les había advertido que su hija estaba en peligro, así que ante la falta de recursos económicos para pagar un abogado, José entró en un extenso aprendizaje: se volvió su propio defensor y llevó el caso de su hija. 

Si bien, su hija Diana jamás regresará, no obstante, obtuvo la justicia deseada: de acuerdo a la PGJEM, en el año 2015, logró una sentencia de 67 años de prisión para el feminicida y dos por abuso de autoridad para funcionarios que le negaron protección antes de su asesinato. 

EL CONTEXTO

El 31 de diciembre de 2010, Gilberto Campos García asesinó a Rosa Diana de 21 años de edad con 16 puñaladas, aún cuando en la Fiscalía del Estado de México advirtieron en varias ocasiones que ella era víctima de violencia por parte de este hombre.

El 4 de octubre de 2010 (dos meses antes de culminar el crimen), Gilberto se dirigió a casa de Diana para golpearla. Su padre, al encontrarla en ese estado la acompañó a presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

“Quiero que le pongan una orden de restricción a Gilberto; tengo miedo de que se enoje más y me mate”, pidió Diana tras relatar la agresión.

Pero en el Ministerio Público, le dijeron que eso de las «órdenes de restricción» no existían en México y que «solo se daban en Estados Unidos”. 

Luego, como casi no pasa en México, los servidores públicos la revictimizaron al señalarle que como No le había robado su celular y las «peleas entre novios» no son delito, no actuaron contra el agresor.

Así fue como el secretario del MP de Atizapán, Juan Ignacio Robles Márquez, y la Ministerio Público, Mónica Hernández Ruiz, no determinaron algún delito que ameritara una orden de protección.

Únicamente acusaron a Gilberto de allanamiento de morada; sin embargo, no lo citaron a declarar, ni mucho menos lo detuvieron. 

Después la historia se centra en la que miles de mujeres en peligro tienen… nadie las escucha y muchas de ellas mueren.

Con información de Milenio

Written by news sanmiguel