Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Hace 8 años, «Sandy», como la identificaremos, llegó a San Miguel de Allende siguiendo al que parecía era el «amor de su vida».
Dejó su trabajo en la Ciudad de México y cambió todo y aquí en San Miguel de Allende consiguió un empleo que le daba estabilidad y yle ayudaba a aportar dinero para su porque a su vida había llegado un nuevo miembro para su pequeña familia: su hija.
La vida parecía tener sentido, pero las cosas entre el «amor de su vida» y ella comenzaron a cambiar, al grado que se volvió insoportable la convivencia y con ello, vino la separación.
Decidieron cada quien hacer su vida y convinieron que ella fuera quien se llevara a la pequeñita y él sólo la visitaría de vez en cuando.
«El papá de mi hija dijo que como era yo mucho de la ‘equidad’ y ‘esas cosas de las mujeres’, entonces los gastos para la niña serían por mitad y yo no puse ningún pero, siempre lo hacía aún cuando estaba con él. Él se la llevaba los fines de semana», dijo Sandy.
Pasaron los meses y la cosas ESCALARON al grado de que de un día a otro YA NO QUISO IRSE CON SU PAPÁ.
«Las salidas con su papá ya fueron insoportables. Ella ya no quería ir, ya no le gustaba ir con él hasta que un día volvió más triste que otras ocasiones. Comencé a revisarla y verifiqué que tenía varios moretones en su cuerpo. La llevé al médico para que la revisara y ahí mismo corrí al Ministerio Público para evitar que la niña volviera a irse con su papá», dijo.
Según contó Sandy a NEWS, el papá ejercía violencia sobre la niña porque «no lo quería», se lo dijo los sicólogos y médicos legistas de la Fiscalía en San Miguel de Allende que la «sacudía» y que le pegaba.
«También pedí que revisaran por si había abuso de otra índole (sexual) pero no, solo la golpeaba mucho».
De ahí comenzó otro calvario: La relación entre el padre de su hija, la negativa de la pequeñita de entonces 4 años y Sandy, y se había vuelto insoportable, por lo que tuvieron que asistir al Juzgado de la Familiar, que lo tiene a su cargo la SERVIDORA PÚBLICA, donde su caso quedó en manos de la Jueza de Oralidad Familiar, Martina Guevara Ramos.
CONTEXTO:
Ayer el Periódico Correo publicó una nota en la que se denunciaba que más de 14 mil casos están rezagados en los juzgados de oralidad familiar señalando que tienen «mucho trabajo».
Indicaron que en lo que va de 2021, los Juzgados de Oralidad Familiar de Guanajuato han recibido 7 mil 662 casos de los que se han formado expedientes que esperan una resolución, lo que significa casi 23 casos diarios.
Los casos involucran pérdida de patria potestad, custodias, contradicciones de paternidad, modificaciones sobre convivencia, entre otros factores.
Señalan que la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han manifestado en reiteradas ocasiones y mediante el marco legal, que las niñas, niños y adolescentes deben vivir una vida libre de violencia mientras se resguarda su integridad personal.
Por eso a los jueces también los han denunciado por no ejercer con prontitud su trabajo y por «ponerse del lado de alguien» no aplicando la justicia.
Destacan que hasta el pasado 30 de septiembre de 2021, el Poder Judicial del Estado de Guanajuato había registrado 288 quejas, denuncias e inconformidades contra las juezas y jueces del poder ante el cumplimiento de su labor.
De ellas, quedan solo 34 quejas en trámites a partir de denuncias por distintos hechos legales que se han trabajado en el organismo, aunque en algunos casos, involucra -también- la presencia de menores.
SIGAMOS CON LA HISTORIA DE SANDY:
Luego de que el caso de Sandy trascendió a los juzgados, dijo que nomás llegó el caso a las manos de la Juez y todo se complicó...
«Desde el día que mi tema llegó con ella, la juez (Martina Guevara) parece que sólo piensa en ayudar a los hombres, porque en los juzgados me he topado con otras mamás que están en la misma situación que yo.
Dijo que le ha presentado las pruebas de las denuncias de maltrato, de los golpes, de la petición de restricción que sacó para evitar que el papá se la llevara «solo para maltratarla».
«Tal parece que esta Juez de lo familiar se tapa los ojos y pasa por encima de los derechos y sentimientos de un menor. Ella ha enviado a actuarios, policía, ministeriales y gente desconocida para que la saquen de la casapara que se vaya con su papá…. Ella se aferra a mi pierna y yo no puedo ni tocarla porque los policías y los actuarios dicen que eso provocaría una multa más… Pregúntenle a la juez cuántas veces les he pagado por sólo pedir que dejen en paz a mi hija.
«Pensé que la violencia que el papá estaba ejerciendo sobre mi hija era la última que sufriría, pero cuando llega la juez, ¡ella usa POLICÍAS PARA QUE SE LLEVEN A MI HIJA! ¿en qué cabeza cabe tal bajeza? ella es la que más violencia está ejerciendo con los niños y provocando severos problemas sicológicos», dijo.
«Luego ella nos echa la culpa a las mamás porque ‘aconsejamos a los hijos’. Solo queremos tenerlos a salvó, no hay día que no trabajemos por ellos para salir adelante».
El desgaste emocional no es lo único que ha tenido que pagar Sandy para defender a su pequeña de 7 años de edad que tiene 3 viendo llegar a policías a su casa, teniendo que irse con gente extraña para entregarla a su padre que dice: le sigue gritando y amenazando.
«Me dice: mamá, papá me grita mucho y me dice que así me va a ir si no quiero irme con él (Sandy llora)
«¿Qué le digo a mi hija? ¿cómo la defiendo de una juez que no tiene corazón? a la que le he presentado toda clase de pruebas de. maltrato y daño sicológico y ella (Guevara Ramos) no escucha. Cierra los ojos ante una justicia que no ejerce y que no aplica.
«Me ha hecho pagar en lo físico y además he tenido que sacar mis ahorros para pagar abogados, conseguir amparos cuando ella me acusó de ‘secuestro’.
«La ‘justicia’ en Guanajuato nunca ha sido justa conmigo y mi hija.. nos tocó la de malas, nos tocó esta juez que podrá saber de todo, pero nunca de proteger a los niños… ¡Ya no sé qué hacer!
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