Redacción
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GUANAJUATO.- La salida de Carlos Zamarripa como Fiscal de Guanajuato ha causado un verdadero caos y un fuerte costo político y económico para el estado.
El gobernador Diego Sinhué ha guardado un silencio cómplice respecto a la jugosa «auto-pensión» que se otorgó Zamarripa, y no sólo eso, sino que ha premiado a la familia y amigos con puestos clave.
La cosa no para ahí.
La esposa de Zamarripa, el esposo de la Secretaria del PAN Estatal y la esposa del Secretario particular del ex gobernador Juan Manuel Oliva, todos ellos ahora tienen nuevo trabajo en el Tribunal gracias aa los diputados del PAN y del PRI, que juntos aprobaron con su mayoría, el dictamen de la Comisión de Justicia.
Y antes de irse, Diego Sinhué dejó en lugares clave a panistas «a modo» para así seguir «metiendo mano» en el gobierno al terminar su sexenio, un tema que Libia Dennise García como gobernadora, debe tomar en cuenta.
Y así quedaron:
- Eduardo López Mares, ex dirigente del PAN Estatal, fue nombrado consejero del Poder Judicial
- Fueron designados como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA): Vicente de Jesús Esqueda Méndez, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís y Diana Arce Romero.
Pero, ¿quiénes son estos nuevos mandamases?
Eduardo López Mares, antiguo líder estatal del PAN; Vicente Esqueda, ex Procurador de Derechos Humanos; Elvia Oralia, nada menos que la esposa de Carlos Zamarripa y Diana Arce, ex coordinadora de Educación de la Prodheg y vieja conocida del TJA.
Los nombramientos, aprobados por mayoría con votos del PAN y el PRI, llegaron después de un encendido debate.
La oposición no se quedó callada y le echó en cara a Elvia Oralia su falta de experiencia en materia administrativa y fiscal, pues no cumplía con los mínimos cinco años de trayectoria que exige el cargo.
El diputado del PVEM, Gerardo Fernández, advirtió que López Mares es un político sin experiencia para ser parte del Consejo del Poder Judicial y sostuvo que su nombramiento «es una estocada a la función judicial y sus principios, con una clara intención de partidizar la justicia en la entidad y poner en riesgo la división de poderes».
La diputada y excandidata a la gubernatura Yulma Rocha Aguilar consideró «vergonzoso» que se repartan el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial sin recato alguno. Dijo que esos órganos deben ser imparciales, especializados, técnicos y autónomos, que respondan a los intereses y a los principios del Estado de derecho.
«El intentar controlar el órgano de gobierno del Poder Judicial a través del reparto partidista es contrario al espíritu constitucional, junto a calificar como peligroso debido a que se manda un mensaje de que la ideología política pude ser determinante para la carrera judicial dejando a un lado el mérito, la capacidad y la experiencia para la promoción profesional», dijo Yulma Rocha.
El diputado morenista Ernesto Prieto dijo que en el estado se siguen repartiendo el botín político. «Es un asalto a los tribunales», acotó.
Desaprobó la postulación de Vicente Esqueda, «esposo de la mano derecha de la gobernadora electa» y quien, recordó, durante su gestión como Procurador de los Derechos Humanos otorgó 11 plazas a sus allegados, algunos en puestos directivos.
Mientras tanto, los ciudadanos de Guanajuato observan perplejos cómo se mueven las piezas en este ajedrez político, preguntándose si realmente se busca justicia o simplemente mantener el poder en las mismas manos de siempre pagando «favores» para callar y ocultar.
