#OPINIÓN El memorándum de López Obrador por Francisco Roberto Ramírez

Redacción/OPINIÓN

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En la opinión del Francisco Roberto Ramírez-Ramírez, Profesor de Argumentación jurídica de la Universidad de Guanajuato:

Los estados contemporáneos han alcanzado un avance significativo a través de instituciones muy importantes, instituciones que han costado, literalmente, lágrimas, sudor y sangre; tal es el caso de la democracia y el constitucionalismo.

Que un país tenga una Constitución –como México la tiene– invita a que comprendamos y vivamos de manera real, seria y responsable, un estado constitucional de derecho, pero ¿qué significa eso?

Es muy común escuchar hablar del estado de derecho, y la idea de seguridad jurídica, eso, en otros tiempos fue un avance importante, el reconocimiento de un estado legal de derecho, donde la ley se convertía en el eje de actuación de los órganos gubernamentales y de los miembros sociales, sin embargo, la historia nos ha enseñado que no toda ley ha sido correcta, pues también se ha usado la ley para causar injusticias; precisamente los dictadores en los regímenes totalitarios usan como su principal herramienta para la instrumentación de sus decisiones a la ley.

Cuando con motivo de trágicas y devastadoras consecuencias que se vivieron por excesos de la ley (especialmente los vividos en la Alemania Nazi) logramos darnos cuenta de la necesidad de algo más, se hizo necesario repensar en qué es la constitución, y cómo habría de funcionar; a ese fenómeno se le ha llamado neoconstitucionalismo en el mundo político y jurídico; para nosotros los ciudadanos es de vital importancia, y un deber cívico, conocer los elementos básicos de esta idea y que son (1) la existencia de una constitución, (2) el reconocimiento de derechos en ella, y; (3) la división de funciones en el ejercicio del poder público.

LA CONSTITUCIÓN debe ser entendida no sólo como un documento, sino como un acto, es verdaderamente un acto en el que confluyen las voluntades de mayorías y minorías, mediante el que se constituye al estado, esto implica no sólo la posición inicial, la del nacimiento del estado, sino la permanente recreación y legitimación de éste, pues es, en verdad, un ente vivo, dinámico y cambiante. La Constitución es un acto de verdadera democracia, en la que los miembros sociales concedemos nuestra voluntad política para legitimar a los organismos públicos, pero no sólo eso, pues antes de ello reconocemos, procuramos y demandamos nuestros derechos fundamentales, luego el texto constitucional precisamente reconoce dos apartados elementales, uno dedicado a los DERECHOS FUNDAMENTALES y otro a los organismos políticos de la nación.

En el apartado dedicado a los organismos del estado se evidencia precisamente la DIVISIÓN DEL PODER PÚBLICO PARA SU EJERCICIO a través de tres diferentes funciones, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, para crear, así, una organización de contrapesos o control cruzado de una función respecto de las otras, y con ello evitar autoritarismo, totalitarismo y la perniciosa concentración del poder público en una única persona, pues ello desnaturaliza no sólo al estado, sino a la Constitución como documento y como acto y a la democracia; lo que implica, en consecuencia, el desconocimiento de la legitimidad política originaria del pueblo.

Una conclusión a la que queremos llegar con esta breve explicación es la de reconocer que la constitución es más que un documento, es más que papel, pues debe tener efectos reales en la vida diaria de la nación, que un derecho aparezca escrito en la constitución, pero no se efectivice en la vida práctica implica una falacia, lo mismo pasa con la división efectiva del poder político que sólo aparece escrita pero no practicada.

La Constitución debe ser entendida y vivida como la institución que legítima el ejercicio del poder público mediante el reconocimiento y la observancia de los derechos fundamentales; en efecto todos los derechos serían palabras, simples derechos de papel sin técnicas de garantías, instituciones de garantías, es decir, obligaciones y prohibiciones a cargo de la esfera pública, límites y vínculos al poder político de la mayoría.

Hoy día, México atraviesa por algunas complicaciones que tienen que ver con estas ideas elementales, recordar que la mayoría abrumadora alcanzada por el Presidente del país en las elecciones, no significa un encumbramiento por encima de las instituciones básicas, elementales, de las que hemos hablado en esta líneas; como su popularidad y aceptación tampoco significa la posibilidad de imponer su voluntad por encima de los límites y vínculos que la constitución (especialmente) le impone para el ejercicio legítimo de su encargo.

Debo decir que la inquietud de redactar estas líneas se originan a razón del memorándum de AMLO respecto de la reforma educativa, que defiende al decir que no se trata de un asunto jurídico sino político, sin embargo es irrenunciable el vínculo de la política y el derecho pues este debe ser una infranqueable barrera frente a los excesos del poder; que los recientes actos presidenciales se presenten tan ingenuamente es una preocupación mayúscula, pues o bien se hace por ignorancia, lo que es muy pernicioso, problemático y preocupante, o se hace por autoritarismo hipócritamente disfrazado, lo que es más preocupante aún.

 

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