Desde una perspectiva superficial, los gobiernos de México y Estados Unidos parecen marcar profundas diferencias. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se presenta como la antítesis del ex presidente Donald Trump: científica en temas climáticos y oradora con un discurso constructivo. Sin embargo, tras esta apariencia divergente, se ocultan inquietantes similitudes en la forma en que ambos líderes afrontan el reto de la democracia.
El conflicto con la libertad de prensa en México y Estados Unidos
Ambos gobiernos han mostrado actitud de rechazo hacia elementos esenciales de la libertad de prensa. En México, el mandato actual también ha optado por las conferencias matutinas como un medio para comunicarse con la ciudadanía. Estas se han convertido en plataformas donde se descalifica a los medios críticos, favoreciendo en cambio la difusión de información a través de canales oficiales. Según estudios recientes, esto se traduce en que una de cada tres preguntas en estas conferencias proviene de medios alineados con el gobierno.
En Estados Unidos, la administración anterior tomó decisiones similares al negar acceso a importantes medios de comunicación en conferencias de prensa, amparándose en críticas a sus políticas. Este ataque directo ha alimentado un ambiente hostil hacia la prensa y genera preocupaciones sobre el respeto a la libertad de prensa en ambos países.
Universidades y centros de investigación bajo el escrutinio gubernamental
Los ataques a universidades y centros de investigación se han vuelto una constante tanto en el norte como en el sur. En México, durante la administración de López Obrador, hubo un asedio sistemático a la academia, con investigadores catalogados como una élite corrupta y esfuerzos para desmantelar instituciones reconocidas como el CIDE. Este ambiente hostil produce un efecto paralizante en el activismo académico y limita la producción de conocimiento crítico.
Por su parte, la retórica contra las universidades también se vivió en Estados Unidos, donde se despreciaron instituciones educativas acusándolas de ser «bastiones radicales». Este tipo de ataques no sólo deslegitiman el trabajo académico, sino que amenazan con erosionar la confianza en la educación superior, un pilar crucial para la democracia.
Un desafío común: la resistencia a la independencia judicial
Aparte de la presión sobre la prensa y las instituciones académicas, tanto México como Estados Unidos enfrentan un retroceso en la independencia del poder judicial. En el caso estadounidense, el rechazo a acatar órdenes judiciales y las críticas abiertas a la judicatura han debilitado la confianza pública en el sistema. Las recientes decisiones del Departamento de Estado han mostrado una tendencia a desmantelar protecciones esenciales para el ejercicio de la prensa, aumentando la preocupación por los derechos de los periodistas.
Por otra parte, en México, la situación es aún más alarmante. La independencia del poder judicial está bajo constante amenaza por la existencia de candidatos judiciales con vínculos al crimen organizado, evidenciando la corrupción dentro del sistema. La falta de claridad sobre la integridad de las elecciones y la legitimidad de las instituciones electoralmente responsables han alimentado un clima de desconfianza en el proceso democrático.
Un contexto peligroso para los derechos humanos
En este contexto, los derechos humanos se encuentran bajo una presión creciente. Ambos países han visto un notable aumento en la agresión contra la prensa, siendo México uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión. En el año 2022, se registraron más asesinatos de periodistas que en cualquier otro país no en conflicto, lo que refleja la urgencia de la situación. Hasta marzo de 2025, ya se habían reportado tres asesinatos, lo que plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas de protección a la prensa.
Por otro lado, en Estados Unidos, el clima de hostilidad hacia la prensa y las amenazas a la libertad de expresión también han crecido, lo que implica que el camino hacia la participación ciudadana y un debate público informado se encuentra cada vez más bloqueado.
La democracia requiere de mecanismos institucionales sólidos que garanticen la rendición de cuentas y la defensa de la libertad de prensa. A medida que ambos gobiernos continúan con actitudes cada vez más antidemocráticas, la responsabilidad recae en los ciudadanos y en los medios independientes para proteger y reclamar sus derechos. Un futuro más justo y democrático depende de nuestra capacidad colectiva para resistir estas amenazas.
