La creciente militarización en México se ha convertido en un tema candente que interroga sobre el futuro del país y la naturaleza de su sistema civil. Desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, se han desatado una serie de cambios que reforzan el papel del Ejército Mexicano en el ámbito de la seguridad pública, destacando una tendencia alarmante hacia la normalización de la fuerza militar en tareas cuyo control tradicional recayó en instancias civiles.
La transición de la seguridad pública a un mando militar
El proceso de militarización se aceleró tras la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta reforma constitucional ha marcado un hito significativo, ya que, por primera vez en la historia moderna, el Ejército asume oficialmente la responsabilidad de la seguridad pública. Las repercusiones de tal medida proyectan una sombra sobre los derechos de los ciudadanos y la transparencia en la gestión. Se observa que la Policía Federal ha sido desplazada en favor de una estructura de seguridad cada vez más militarizada, donde las Fuerzas Armadas asumen un rol protagónico.
Un modelo híbrido de gobernanza
Bajo la administración de Sheinbaum, se ha consolidado un modelo híbrido de gobernanza en el que las decisiones clave sobre seguridad, infraestructura y economía son tomadas por el Ejército y la Secretaría de Marina. A diferencia de otros países donde el poder militar es explícitamente autoritario, México ha construido un modelo que, aunque aparenta ser civil, está imbuido de una creciente influencia castrense. Este nuevo orden se traduce en el control de aeropuertos, trenes y puertos por parte de las Fuerzas Armadas, quienes operan con recursos públicos sin la debida rendición de cuentas.
Consecuencias en derechos humanos y control civil
La militarización de la seguridad pública ha venido acompañada de un aumento en las violaciones de derechos humanos. El Cuerpo de Seguridad Pública, al estar bajo un mando militar, se despoja de sus mecanismos de control civil. Las decisiones que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos son cada vez más opacas y suscitan desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad. Este deterioro del tejido social podría poner en riesgo no solo la estabilidad interna, sino también la imagen internacional de México.
Implicaciones para el futuro
La entrega del poder a las Fuerzas Armadas en áreas esencialmente civiles, como la seguridad y protección civil, plantea interrogantes acerca de la capacidad del gobierno civil para ejercer control efectivo. Este escenario recuerda a épocas pasadas donde el Ejército dominaba sin cuestionamiento. ¿Se está construyendo un estado de vigilancia encubierto donde la civilidad es meramente una fachada? Sin duda, el enfoque en la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército han contribuido a afianzar esta preocupación.
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Un cambio silencioso en la estructura de poder
La búsqueda de una seguridad más eficiente ha llevado a los líderes a priorizar la relación con el Ejército, considerándolo más confiable que las estructuras civiles tradicionales. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo: el debilitamiento del poder civil y el desmantelamiento silencioso de los mecanismos que equilibran la democracia. La pregunta que queda es si los ciudadanos serán capaces de retomar el control antes de que sea demasiado tarde. El riesgo de caer en un estado híbrido, como lo que ocurre en países como Turquía o El Salvador, es cada vez más evidente.
Por último, la militarización en México no se limita a un fenómeno aislado; es una transformación profunda que podría definir las futuras estructuras de poder en el país. La complicidad entre el gobierno y las Fuerzas Armadas ha sentado bases para un modelo que podría resultar peligroso si no se toman medidas adecuadas para revertir esta tendencia. Mientras tanto, el futuro de la seguridad y la libertad en México permanece en un delicado equilibrio, donde la atención de los ciudadanos es más crucial que nunca.
