En Guanajuato, la situación de seguridad se ha convertido en un tema alarmante para la comunidad jurídica. La violencia ha dejado una trágica cifra de siete abogados asesinados en lo que va de este año. Este incremento en los crímenes contra profesionales del derecho no solo pone de manifiesto la creciente inseguridad en el estado, sino que también plantea serias preocupaciones acerca de la justicia y la impunidad que prevalecen.
El caso más reciente es el de María Antonieta Luna Bautista, quien fue asesinada en la carretera San Luis de la Paz – San Miguel de Allende. Se presume que el motivo de su muerte fue un intento de robo cuando regresaba a casa. Este crimen ha suscitado reacciones de indignación entre sus colegas, quienes han hecho un llamado a las autoridades para que se tomen acciones efectivas en pro de la seguridad de los abogados y de la población en general.
Desde el 2020, Guanajuato ha sido epicentro de varios asesinatos de abogados, con una oleada de violencia que parece no cesar. En León, donde se han registrado la mayoría de estos asesinatos, la presidenta del Colegio de Abogados, Antonia Gutiérrez Ortega, ha señalado que la práctica de la abogacía se ha vuelto una actividad de riesgo extremo. Muchos abogados se encuentran trabajando bajo una sombra de amenaza constante, lo que afecta tanto su ejercicio profesional como su seguridad personal.
Las reacciones a estos incidentes no se han hecho esperar. Diversas asociaciones de abogados han exigido justicia y han condenado la falta de acción de las autoridades. En un comunicado, la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato expresó su repudio ante la violencia que ha cobrado vidas en su gremio y pidieron un esclarecimiento contundente de los hechos. La comunidad jurídica se siente vulnerable y espera una respuesta contundente para abordar la alarmante crisis de violencia que afecta a su sector.
La muerte de María Antonieta Luna es solo una más en una serie de asesinatos que subrayan la necesidad urgente de cambiar la narrativa de la violencia en el estado. Cada víctima es un recordatorio de que la seguridad de los profesionales del derecho está en juego y que la sociedad en su conjunto clama por un entorno donde el respeto a la vida y la justicia prevalezcan. Sin un compromiso verdadero por parte de las autoridades para abordar esta problemática, el camino hacia una mejora en la seguridad y en la confianza en el sistema judicial se dibuja sombrío.
