Las acusaciones de desapariciones sistemáticas en México, levantadas por la ONU, han causado una oleada de reacciones tanto a nivel gubernamental como social. Con más de 127.000 personas desaparecidas y un porcentaje asombroso de 99% de impunidad en estos crímenes, la presión sobre el gobierno actual se intensifica, aunque este parece optar por desacreditar las observaciones internacionales en lugar de abordar las preocupaciones planteadas.
Las advertencias de la ONU sobre las desapariciones en México
La Organización de Naciones Unidas ha señalado en múltiples ocasiones, desde 2015 hasta 2022, la realidad alarmante de las desapariciones en territorio mexicano, describiéndolas como “sistemáticas y generalizadas”. A pesar de este diagnóstico, la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido defensiva, calificando las afirmaciones del Comité contra la Desaparición Forzada como un intento de desacreditar su gestión.
Números que respaldan las acusaciones
Los datos son contundentes: en México, existen actualmente más de 5.600 fosas clandestinas y una crisis forense que ha dejado más de 72.000 cuerpos sin identificar. Esta escalofriante realidad ha dado pie a relatos sobre la complicidad de las fuerzas estatales en los casos de desaparición, lo que apenas ha variado en los últimos 15 años. La memoria colectiva aún se encuentra marcada por casos emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuya desaparición levantó un eco que aún resuena fuertemente.
Reacción de México ante las acusaciones internacionales
El gobierno central ha tomado una postura desafiante contra la ONU, con el presidente del Senado sugiriendo que se trata de una estrategia para desviar la atención de su administración. La Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han emitido declaraciones que niegan la existencia de una crisis de desapariciones como consecuencia de una política estatal. Sin embargo, estas afirmaciones chocan con la evidencia presentada tanto por organismos nacionales como internacionales.
Activación del artículo 34 de la ONU
En respuesta a la gravedad de la situación, el Comité contra la Desaparición Forzada ha activado, por primera vez en su historia, el artículo 34, que permite elevar el asunto a la Asamblea General de la Naciones Unidas. Esta decisión implica un cambio en la dinámica de la presión internacional hacia México, dado que el comité concluyó que las desapariciones forzadas podrían estar ocurriendo de manera sistemática.
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Implicaciones de la crisis de desapariciones en México
La situación actual no solo tiene un impacto severo en las relaciones internacionales de México, sino que también plantea serias cuestionamientos sobre los derechos humanos en el país. La respuesta del gobierno se percibe como un acto de resistencia ante la presión internacional, pero la falta de acción efectiva para abordar el problema podría perpetuar el ciclo de violencia e impunidad.
El papel del gobierno y la cooperación internacional
Expertos en derechos humanos han urgido a la administración actual a reconocer la magnitud del fenómeno de las desapariciones y a buscar cooperación internacional para combatir este problema. Sin un enfoque que incluya tanto el reconocimiento de las fallas internas como una apertura hacia mecanismos asistenciales externos, el camino hacia la justicia y la verdad parece un objetivo distante.
