Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- El pasado martes, el estacionamiento de La Placita se convirtió en el escenario de un controversial operativo encabezado por el gobierno municipal de San Miguel de Allende. Tránsito, policía y personal de mercados se unieron para desalojar a los vendedores de autos que, desde hace 15 años, utilizan este lugar para la venta de coches.
El operativo fue liderado por el director de Tránsito, Jorge Salas Luna, quien acompañado de patrullas, policía y grúas, informó a los vendedores que a partir de esa fecha tenían prohibido vender en el estacionamiento. Según Salas Luna, la orden provino de la directora de Servicios Públicos Municipales, Laura Adriana Flores Gómez, quien ahora pretende controlar los permisos y cobrar por ellos.
La versión oficial
Según información obtenida del gobierno de Mauricio Trejo, el operativo se justificó por un «supuesto reporte» de la Policía que indicaba que los comerciantes de autos del tianguis estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en el estacionamiento durante sus rondines. Sin embargo, esta explicación ha sido recibida con escepticismo por los afectados.
Tránsito Municipal procedió a retirar los autos del lugar, argumentando que el estacionamiento no puede ser utilizado para actividades comerciales, pero sí lo pueden usar si antes le piden permiso a ellos.
Los Nuevos Requisitos
Como se informó anteriormente en NEWS, los vendedores de autos ahora deben cumplir con una serie de requisitos para poder seguir operando en La Placita:
- – Presentar una solicitud dirigida a la directora de Servicios Públicos, Laura Adriana Flores Gómez.
- – Especificar en la solicitud dónde quieren vender, qué días, qué van a vender y el metraje.
- – Pagar 15 pesos por día por metro cuadrado.
- – Anexar una copia de comprobante de domicilio y credencial.
Los vendedores fueron instruidos a hablar con el jefe de mercados para resolver su situación. La medida ha generado malestar entre los comerciantes, quienes consideran que el gobierno local está buscando monetizar un espacio que han usado de forma gratuita durante años.
Una Jugada Política
El desalojo de los vendedores ha sido visto por muchos como una jugada política de Laura Adriana Flores Gómez, quien supuestamente busca consolidar su control sobre los permisos de venta y obtener ingresos adicionales para el municipio.
La acción ha sido criticada por la comunidad, que ve en esto un ejemplo más del abuso de poder y la falta de sensibilidad hacia los comerciantes locales.
La situación sigue desarrollándose y queda por ver cómo responderán las autoridades a las crecientes críticas y demandas de la comunidad afectada.
