Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- El gobierno de San Miguel de Allende, encabezado violentó una suspensión y sellos federales colocados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ante la ampliación de una banqueta en la calle de Juárez, que se encuentra dentro del Centro Histórico y zona de Monumentos de México... y todo al parecer otra vez ¡por los tranvías!.
Y es que hace una semana, desde el Tribunal de Justicia Administrativo (TJA) se volvió a dar el fallo a favor de los empresarios de los tranvías, en el que señalaba la ruta, zona de ascenso y descenso, así como las calles que incluyen el recorrido del servicio turístico.
La zona de ascenso y descenso es la calle Juárez, donde realizaron la obra, taparon la zona de ascenso y descenso y ampliaron la banqueta sin contar con los permisos del INAH, pues al ser un Centro Histórico y una zona de Monumentos bajo el resguardo el gobierno federal, cualquier cambio, modificación o trabajo debe regirse bajo las especificaciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de México.
Esta tarde de jueves, en una evento, el Alcalde acepta que a los empresarios de los «turibuses», los jueces les volvieron a dar la razón y reconocer el derecho para trabajar como prestadores de servicio, a través de una resolución a favor de los empresarios.
Sin embargo de nueva cuenta acusa a los integrantes de Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato de tener «señas claras, claras de corrupción» porque ninguna Sala falla a favor del su gobierno.
VA VIDEO:
- POR SI NO LO SABES, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO lo conforman:
- Magistrado Eliverio García Monzón, Presidente; Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, Primera Sala; Magistrado Eliverio García Monzón, Segunda Sala; Magistrada Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, Tercera Sala; Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, Cuarta Sala.
Representantes legales de los prestadores de servicios, explican que co ´ésta última resolución, SE AGOTARON LOS RECURSOS LEGALES del gobierno Municipal de San Miguel de Allende para impedir que los empresarios presten sus servicios turísticos y retomen sus actividades.
Días después, Emilio Lara, director de Patrimonio en San Miguel de Allende, comenzó a medir la ampliación de la banqueta y aceptó en diversas entrevistas, que fue él quien dio el Visto Bueno a la modificación del Centro Histórico y Zona de Monumentos.
Emilio Lara permaneció siempre vigilante de los trabajos. Mañana, tarde, noche y madrugada estuvo en el lugar.
Emilio Lara, que según su declaración patrimonial es arquitecto de profesión, haber realizado diversos diplomados y ser gestor de UNESCO, y recibe un sueldo de $42 mil 162 pesos como Director Municipal, es quien ésta madrugada de jueves revisaba en la calle, junto con el director del Jurídico, Herminio Hernández y Alejandro Castro, del Ambiente,
Él estuvo de día, tarde, noche y madrugada en el lugar y repitió lo que el Alcalde indicó, de que «era un mantenimiento» y que quien lo ejecutaba es la dirección de Obra Pública (con María Elena Vázquez).
LA OBRA DE LA CALLE JUÁREZ
La obra de la calle Juárez, se terminó maratónica en 4 días, días después de recibir la resolución de los magistrados del Tribunal de justicia Administrativa (TJA).
Llevaron más de 50 hombres y aumentaron el número de trabajadores después de la suspensión federal para luego volver cuando la Guardia Nacional dejó de vigilar y de madrugada chambearon.
La calle, que es zona de amortiguamiento de unidades de emergencia, del paso de peregrinaciones, de las tradiciones, este jueves quedó reducida en sus carriles de paso de autos.
Se construyó desacatando una suspensión federal, violando las leyes y a pesar que se les advirtió que incurrirían en un delito, Emilio Lara y los supervisores de Obras Públicas, avanzaron.
Emilio Lara, el director de Patrimonio, aceptó que el no solicitó permisos correspondientes a la dependencia federal (INAH) que era «un mantenimiento» y no debía solicitarlos cuando la Ley Federal de Protección de Centros Históricos lo estipula.
Emilio Lara, arquitecto que se dice gestor de la UNESCO, fue cuestionado sobre la ley que no respetó para realizar una obra sin proyecto ejecutivo, solo el Visto bueno de quien dice, estudió en la Universidad de Guanajuato.
La directora del INAH en Guanajuato, Olga Adriana Hernández, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quienes causaron daños al patrimonio.
Se volvieron a pasar las leyes «por el arco del triunfo» y Emilio Lara, el gestor de la Unesco, el que dice tiene un diplomado de Protección de Patrimonio y otro más de Patrimonio Cultural, siempre estuvo ahi, porque fue uno de los responsables.
Por la tarde llegó la directora del INAH, Olga Adriana Hernández, junto con los abogados para esperar la llegada de la Guardia Nacional pero «alguien les dio el pitazo».
Si el Municipio pierde los asuntos en los Juzgados es porque tiene una bola de incompetentes en el jurídico y en asesores. Ahora resulta que los juzgados le deben dar la razon al Municipio porque el presidente municipal así lo decide.