Redacción
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El Gobierno Federal debe garantizar la consolidación de los procesos de evaluación educativa en todos los niveles, conforme al espíritu de la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, sin permitir chantajes de ninguna índole, afirmó el Coordinador de los Diputados de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés.
Expresó que la suspensión de la evaluación docente, anunciada el 29 de mayo, y su posterior restablecimiento, son hechos que deben ser debidamente aclarados por parte del Secretario de Educación, ante la Comisión Permanente del Congreso, ya que la educación de calidad para los niños y jóvenes debe ser la política pública prioritaria en México.
Anaya Cortés indicó que el titular de la SEP debe explicar ante las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, las razones que tuvo para prestarse a negociar la Ley con grupos de presión que se oponen a los procesos de evaluación.
“La Reforma Educativa fue la primera gran transformación legal que se aprobó en la LXII Legislatura, incluye la evaluación obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio público docente por mandato constitucional; sin embargo, este gobierno la convirtió en una decisión opcional de carácter político, lo cual es inaceptable”, expuso.
El líder de los Diputados de Acción Nacional señaló que no basta con el hecho de que la SEP haya anunciado el restablecimiento del examen de evaluación magisterial, sino que el gobierno está obligado a hacer valer el Estado de Derecho, frente a las manifestaciones que se han registrado a lo largo de estas semanas en el Distrito Federal y en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, por parte de maestros que se oponen a la Reforma Educativa.
Recordó que el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente, determina que “con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del Sistema Educativo Nacional, el personal docente y el personal con funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de 30 días naturales, será separado del servicio”.
Ricardo Anaya exigió la aplicación puntual de esa disposición normativa, reiterando que la ley, por ningún motivo puede negociarse.
El Diputado Anaya enfatizó que «en México no queremos una autoridad educativa que pague el salario de maestros que no se presentan en las aulas o que no tienen la capacidad necesaria para impartir clases».
Agregó que son situaciones así las que, con toda razón, provocan la indignación de los padres de familia y de los grupos organizados de la sociedad civil.
«No debe haber más pretextos ni contradicciones. El gobierno está obligado a cumplir la Ley”, finalizó.
