Redacción
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GUANAJUATO. – Llevaba un año promoviendose y ahora es una realidad, el Pleno del Congreso local aprobó este jueves la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, la cual impedirá que hombres acusados de agresiones sexuales, económicas, patrimoniales, físicas y políticas, así como mujeres violentadoras, participen en candidaturas y puestos públicos en las elecciones del 2024.
Se aprobó la minuta con las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 3 de 3, de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del Servicio Público.
Para modificar los artículos 38 y 102 en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
A fin de establecer como requisitos: no ser deudores alimentarios ni tener antecedentes de violencia familiar o violencia contra las mujeres a quienes desean ostentar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
Al respecto, intervino como autora del dictamen la congresista Susana Bermúdez Cano, quien manifestó que esta legislatura se ha caracterizado por legislar en favor de las mujeres, de la niñez y juventud del estado, por lo que dijo, coincidían con las intenciones del Congreso de la Unión en que, la violencia intrafamiliar y en contra de las mujeres es un fenómeno que lamentablemente se hace cada día más patente en la sociedad, por lo que diversos movimientos organizados demandan una actuación firme y contundente de parte del Estado en su conjunto, para evitar, inhibir y sancionar a las personas que ejercen violencia en contra de otras.
Mencionó que identificaron cuatro avances fundamentales: se estandariza a nivel país los preceptos reformados evitando criterios interpretativos dispares; se deja clara la violencia como un síntoma social y preponderantemente a las mujeres como real víctimas de conductas antisociales y se fortalece en gran medida el marco referencial de género; se distingue del marco de referencia punitivo, para pasar a otras consecuencias que permitirá trascender la violencia contra las mujeres más allá de un problema interpersonal entre la víctima y el agresor, a un problema de atención prioritaria del poder público; y se deja claro que se apuesta a una ética pública.
Bermúdez Cano indicó que la propuesta que se puso a consideración permitía que las conductas tres de tres contra la violencia, que en los pasados procesos electorales fueron requisitos de registro de los partidos políticos, se vuelvan requisitos de elegibilidad para un cargo de elección popular y de acceso a la administración pública.
Finalmente, subrayó que refrendaban su compromiso para que las mujeres ejerzan sus derechos en contextos libres de violencia.
Por su parte, la legisladora Yulma Rocha Aguilar manifestó que la propuesta tres de tres era una iniciativa ciudadana que vienen impulsado desde 2018 colectivos; que lo que seguía era dejar las simulaciones y que si no se quería ya estaba la ley, porque era dentro de las instituciones políticas donde se ejercía mayor violencia política, entre las más recurrentes la económica.
Agregó que se tiene que trabajar desde la perspectiva de género, generar mecanismos ágiles para la presentación de denuncias y subrayó que la aprobación de la citada minuta no eximía al Congreso de armonizar la legislación local.
La congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia precisó que la propuesta abonaba a la protección de los derechos y que era necesario legislar para que se garantice la idoneidad de las personas que aspiran a acceder a cargos públicos; mientras que, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo externó que consideraban necesario que se sigan estableciendo medidas para erradicar la violencia contra las mujeres; así como adecuar la normativa local.
Con la Ley 3 de 3, si un funcionrio o aspirante a candidatura, se sabe que le pega a su esposa, violenta a su equipo de trabajo y a los que no están de acuerdo con él o ella, se tiene que presentar una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos o CNDH en caso de no querer hacerlo en Guanajuato, ya que a veces «los encubren», es razón suficiente para evitar que esta persona llegue a un cargo público.
