Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE. – El hostigamiento del gobierno municipal al dueño del desarrollo habitacional Quinta Real, Juan Carlos González Ochoa, ha obligado al empresario a enfrentar, junto con su grupo de abogados, una lucha de más de 5 años contra los gobiernos encabezados por Ricardo y ahora su hermano Luis Alberto Villarreal.
Representantes legales de Quinta Real narran cómo a lo largo de 5 años han hecho uso de diversos mecanismos legales para defenderse de lo que lalman «acoso y hostigamiento» por parte de los gobiernos que han encabezado los hermanos con el cargo de Presidentes municipales.
Esta es su versión:
Todo empezó en el año 2015, durante el trienio de Ricardo Villarreal.
El Municipio presentó una denuncia penal contra Juan Carlos González Ochoa, por supuestas afectaciones al desarrollo urbano. La denuncia se llevó a cabo en la Fiscalía del Estado en la sede de San Miguel de Allende, primero con una vinculación a proceso a Juan Carlos, en ese proceso participó el licenciado Fernando Gómez Mont y se logró librar, al demostrar que se habían obtenido de forma correcta y legal los permisos de división.
El gobierno municipal de San Miguel de Allende argumenta, por conducto de los regidores, que esa denuncia era porque era un fraccionamiento y que no eran permisos de división y no contaban con ellos.
Ellos dicen, contaban con todos los permisos «que fueron validados por parte del Magistrado Penal», lo que confirmó que no había delito en una vinculación a proceso porque efectivamente no se trataba de un fraccionamiento, sino que se trada de desarrollos por la vía de división.
De ahí interpusieron un amparo, en el que de nueva cuenta no los amparó la justicia al Gobierno Local y de nueva cuenta vuelven a pedir una revisión y se sobreseé de la revisión. En virtud de que se trataba de un desarrollo en división y no por fraccionamiento, todo eso pasó mientras estuvo Ricardo Villarreal García al frente de la administración 2015 – 2018 del municipio.
El Tribunal Contencioso Administrativo, en los 2 desarrollos se acreditó que son válidos los permisos de división, cumplieron con todos los requisitos que marca el código territorial y en su momento también lo señalaba la ley de fraccionamientos, indicó el abogado Yasim Jacob López, director jurídico de Grupo Sinow, representante legal de Carlos González Ochoa.
«Quedan en firme los permisos de división, quedan validados, son legales y por lo tanto, cumplen con su finalidad por el cual fueron otorgados, es decir, no se trata de un fraccionamiento, sino un desarrollo en división», resaltó el abogado.
Aun así, cuando hay sentencias de los tribunales Contencioso dministrativo, aún así ha existido una persecución, una intimidación a los dueños del desarrollo Quinta Real por parte del municipio, buscando cómo llevar a cabo acciones que traten de perjudicar tanto al desarrollador como a cada uno de los propietarios que adquirieron.
Actualmente todo se encuentra completamente vendido, todo el desarrollo está en posesión de los propietarios, dentro de la consulta pública los abogados se pronunciaron, que interpusieron nuevamente una demanda de nulidad en contra del plan de ordenamiento territorial, la cual actualmente se encuentra en trámite.
Están pidiendo la nulidad del plan de ordenamiento territorial, «porque está contraviniendo unas sentencias que ya están en firme, es decir, que ya no admiten recurso legal alguno», señaló el representante legal.
Es tanto «este caserío» que tiene el gobierno municipal, dice, de estar hostigando al propietario del desarrollo ubicado en la carretera a Los Rodríguez (Juan Carlos González Ochoa), quien no se está dejando intimidar por los ataques.
El empresario presentó una denuncia penal en la Fiscalía, en la agencia especializada anticorrupción, en contra del presidente municipal Luis Alberto Villarreal, en contra de los regidores y del director de Desarrollo Urbano, por el delito de hostigamiento, abuso de autoridad o exceso de sus facultades, en donde cada uno de los miembros del ayuntamiento fue investigado y citado en los tribunales (se reservaron su derecho).
Desde diciembre del 2019 les empezó a llegar personal de SAPASMA, que querían llevar a cabo una visita de inspección, la cual señaló el licenciado Yasim, que era ilegal, los trabajadores del organismo sin estar nadie adentro, se introdujeron al inmueble sin ningún permiso y excediendo sus facultades de autoridad. Ante estas acciones, demandaron al organismo municipal de agua.
Después de Sapasma les mandaron a Protección Civil.
«Ha sido una cacería y un tema de intimidación, de estar tratando de llevar a cabo clausuras, de estar llevando a cabo visitas cuando no están dentro de la ley», resaltó el abogado.
«Es un hostigamiento el que se tiene por parte de la autoridad municipal, es tanto el hostigamiento que han realizado, llega un citatorio de parte de la Procuraduría Ambiental del Estado, donde dicen que vienen a revisar que contemos con los manifiestos de impacto ambiental y todos los requisitos en la materia, esto se deriva porque el municipio sentó una denuncia ante la Procuraduría Ambiental señalando, que no contábamos con los permisos, aún y cuando el propio municipio, la dirección de ecología nos otorgó las autorizaciones».
Hubo una sesión de Ayuntamiento que incluso, el alcalde Luis Alberto Villarreal, señaló que era un intento más voraz, «el intento más voraz de fraude que había existido», así lo señaló él y solicitó que se llevara a cabo un procedimiento para revocar los permisos del uso de suelo. Después cambió el contexto, dijo que no era para revocar sino para revisar si contaba con las medidas que ponía el uso de suelo, las cuales están completamente al cien por ciento (100%), indicó Yasim.
La misma autoridad que les otorgó tanto permisos de suelo como de división, esa misma autoridad ahora los quiere llevar a un procedimiento donde ellos mismos juegan a ser el juez y parte, es decir, «yo te reviso, yo te juzgo y yo te castigo, y ya sabemos cuál quiere ser el desenlace».
Los abogados de González Ochoa han activado todos los mecanismos legales para defenderse del hostigamiento de los hermanos Villarreal, en donde está interviniendo el licenciado Fernando Gómez, el licenciado Adalberto Ibarra y el licenciado Yasim Jacob López, un equipo de abogados multidisciplinario que está trabajando en aras de proteger y hacer valer y respetar los derechos de cada uno de los propietarios del desarrollo Quinta Real y Santas Marías.
«Nosotros venimos y vamos a seguir en un tema, de velar y proteger todos estos derechos de los propietarios, quiero dejarlo muy claro y que suene así como debe de ser, nosotros estamos con toda la disposición de hacer las cosas bien, es un desarrollo en división y ante ello, pues la autoridad ha querido a todas luces desde que entró Ricardo Villarreal y en esa persecución hasta ora también con su hermano, el licenciado Luis Alberto Villarreal. No sabemos cuál será la situación, pero será muy tendenciosa, marcada por los dos y nosotros lo que queremos es, darle la tranquilidad a cada uno de los clientes, ya es un tema de hostigamiento, de estar dañando, estar afectando, aún y cuando se tiene con todos los requisitos».
Los daños están cuantificados en un promedio de 250 y 500 millones de pesos, dijo el abogado de González Ochoa.
Ver entrevista en el enlace 👇: https://youtu.be/xOXj1iRle0M
