Redacción/ Con información de Agencias
El gobierno de Enrique Peña Nieto dio respuesta por escrito a las diez preguntas que le dirigió el cineasta Alfonso Cuarón en un desplegado publicado en La Jornada el 28 de abril pasado.
En las respuestas no citaron de forma textual las preguntas, sino que hicieron su propia redacción sobre las interrogantes y en el texto oficial no se contempla -como lo preguntó Cuarón- que baje el precio de la gasolina, pero promete que esto sí ocurrirá con el gas y la luz.
Aquí, el texto original de la Presidencia: http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/Preguntas_y_respuestas_Alfonso_Cuaron.pdf
Preguntas y respuestas sobre la Reforma Energética
1. Sobre los precios de los energéticos, los beneficios tangibles de la reforma, y su cronograma
La Reforma Energética permitirá reducir los precios del gas natural y la electricidad en el mediano plazo. A pesar de ser un país con grandes yacimientos de este combustible en el subsuelo, México estaba importando cada vez más gas natural. En 2013, por ejemplo, México importó 30% del gas natural que se consumió en el país. Pemex no estaba produciendo todo el gas natural que el país necesita, por las limitaciones que imponía el modelo regulatorio que estamos cambiando.
Con el modelo anterior, la producción de gas natural no podía ser llevada a cabo por el sector privado, ya que estaba prohibido por la Constitución. Eso nos llevó a una situación paradójica. Por un lado, no permitíamos que empresas particulares extrajeran gas natural en México, pero sí comprábamos gas natural a empresas privadas extranjeras en Estados Unidos y otros países, que se revende en nuestro país a un precio mayor del que tendría si se produjera en México.
Adicionalmente, en los últimos años, el país no desarrolló la infraestructura necesaria para transportar el gas por ductos acorde con las necesidades nacionales, lo que se tradujo en desabasto y racionamiento de gas natural (alertas críticas) durante el 2012 y el primer semestre de 2013.
El costo de la electricidad depende en gran medida del combustible que se utiliza para generarla. La energía eléctrica que se genera con gas natural es cuatro veces más barata que cuando se utiliza combustóleo y seis veces más económica que cuando se emplea diésel, además de que el gas natural es un combustible más amigable con el medio ambiente.
Con la Reforma Energética, las empresas privadas podrán producir gas natural en México, por sí solas o asociadas con Pemex, y venderlo en nuestro país, generando empleos y pagando impuestos en nuestro territorio, en lugar de hacerlo del otro lado de la frontera. A partir de los nuevos cambios, existirán múltiples productores de gas natural en México, compitiendo entre sí, con lo cual tendremos gas natural suficiente y a menor precio.
Además, bajo el Programa Nacional de Infraestructura se construirán a lo largo del sexenio 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán al país contar con una red nacional e integrada, que contribuirá a transportar el gas natural a precios competitivos, en beneficio de los hogares y las empresas.
De esta manera, podrá utilizarse ese gas natural para sustituir el combustóleo y el diésel en la generación de electricidad. Ello permitirá reducir los costos de generación y, por tanto, también disminuir las tarifas de la luz en beneficio de las familias, los comercios y las industrias mexicanas. Entre más gas natural se produzca en México, menores serán los costos de generar electricidad y, en consecuencia, se podrán reducir los recibos de luz. Con el aumento de la oferta de gas natural, también se impulsará la producción nacional de fertilizantes para beneficiar al campo mexicano.
Pemex invertirá 15 mil millones de pesos para producir 480 mil toneladas de amoniaco que servirán de
insumo para un millón de toneladas de urea. Esta producción ahorrará importaciones por 400 millones de dólares anuales.
En el caso de la gasolina, México importa el 49% del consumo nacional, por lo que la reforma prevé la apertura a la inversión en refinación y de su cadena productiva para incrementar la oferta del combustible. Además, la gasolina es subsidiada y es menester reconocer que el esquema de subsidios vigente es altamente regresivo: el decil de la población con menores ingresos recibe sólo el 1.6% del subsidio; mientras que el 10% de los hogares con mayores ingresos concentra más del 30% del mismo.
No obstante lo anterior, la Reforma nos permitirá establecer precios máximos para los combustibles que harán que sus precios se muevan de forma parecida a los precios de otros productos. Eso contrasta con años previos donde los precios de las gasolinas y otros combustibles crecieron entre 2 y 4 veces más que la inflación general. Como la reforma prevé abrir el sector de refinación, transporte y despacho de combustibles, estableciendo una competencia efectiva, los precios a los consumidores podrían incluso aumentar menos que el de otros productos.
En conclusión, entre los beneficios esperados de la Reforma Energética se encuentran los siguientes:
• Reducción de las facturas de luz y los precios de gas, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria. Cabe destacar que ésta no es una reducción voluntariosa, populista o por decreto. Es una reducción sostenida como resultado de que bajarán los costos de producción y de generación, y por lo tanto ocurrirá conforme se lleven a cabo las inversiones en gas y en electricidad.
• 500,000 empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales en 2025.
• 1% adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en 2025.
• Aumentar la producción nacional de fertilizantes a precios competitivos y evitar la importación de este insumo por 400 millones de dólares.
• Incremento en la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios en 2013, a 3 millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025.
• Incremento en la producción de gas natural, de 5,700 millones de pies cúbicos diarios en 2013, a 8,000 millones de pies cúbicos diarios en 2018 y 10,400 millones en 2025.
2. Sobre el riesgo de afectaciones al medio ambiente, las medidas para protegerlo, y la responsabilidad ante el caso de accidentes
El transitorio décimo noveno del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 (en adelante El Decreto), mandata la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
La Agencia se plantea como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos.
La Agencia tendrá la capacidad para, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, responder ante cualquier accidente industrial que ponga en peligro la salud de los trabajadores así como el medio ambiente. Actualmente, la Secretaría de Marina ya cuenta con un Plan Nacional de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar.
La Reforma enfatizará una explotación de recursos que sea responsable ambientalmente, minimizando las afectaciones previsibles al medio ambiente al mismo tiempo que se garantiza una capacidad efectiva de respuesta frente a cualquier accidente o imprevisto.
Para ello, además, se adoptarán las mejores prácticas internacionales desde el punto de vista de responsabilidad plena de cualquier contratista que esté llevando a cabo actividades de exploración y explotación. En este sentido, la iniciativa de legislación secundaria establece con claridad que son las empresas petroleras las responsables de cualquier afectación al medio ambiente. En ese sentido, la Reforma Energética dotará al Estado mexicano de la capacidad para poder exigir que las empresas en el sector cumplan con sus obligaciones.
3. Sobre los planes para desarrollar tecnologías e infraestructura de energía alternativa
Existen planes concretos para desarrollar tecnologías e infraestructuras de energía alternativa en nuestro país, y ya están implementándose.
Tal es el caso de los Centros Mexicanos en Innovación en Energía, financiados con fondos de la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), enfocados a desarrollar las tecnologías y aprovechar los recursos renovables del país.
Se crearon tres centros, con una inversión entre pública y privada cercana a los 2 mil millones de pesos: uno en energía geotérmica, liderado por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California; uno en energía solar, encabezado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y otro más en energía eólica, coordinado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Estos centros representan la mayor inversión gubernamental en investigación, desarrollo e innovación en materia de energías renovables.
Cada centro involucra investigadores de distintas instituciones académicas, científicas y empresas, con el propósito de vincular el conocimiento con la producción en proyectos compartidos, en la formación de recursos humanos especializados y en el fortalecimiento de la infraestructura de investigación.
El desarrollo y adopción de nuevas tecnologías es importante para mitigar el impacto de la generación de energía sobre el medio ambiente, pero también para asegurar una diversificación adecuada en las fuentes de energía. La diversificación es relevante dado que los hidrocarburos son recursos no renovables, y porque contar con muchas fuentes de energía permite aumentar la seguridad energética para las familias y las actividades económicas del país
Además, la iniciativa de legislación secundaria de la reforma incluye distintas medidas para fomentar el uso de energías limpias y energías renovables. Entre ellas, destacan el establecimiento de Certificados de Energías Limpias que fomentarán un mayor uso de esas fuentes para la generación de electricidad en el país; se propondrá una ley de Geotermia para aprovechar el calor de origen volcánico en las aguas subterráneas del país, y se perseguirán metas sobre cuánta electricidad deberá generarse con energías limpias.
Cabe recordar que, como parte de la Reforma Hacendaria aprobada en 2013, se estableció en el país un impuesto especial que aplica al uso de combustibles que liberan bióxido de carbono y, además, las inversiones en generación que usen energías limpias tendrán deducibilidad inmediata para efectos del impuesto sobre la renta.
4. Sobre cómo evitar fenómenos de corrupción en los contratos
Con el objetivo de rendir cuentas ante la sociedad mexicana, la Reforma Energética establece siete mecanismos principales de transparencia y de combate a la corrupción, que obedecen a las mejores prácticas internacionales:
En primer lugar, todas las rondas de licitación para asignar los nuevos contratos de servicios, utilidad o producción compartidas, y licencias para producir gas natural o petróleo, así como sus lineamientos, serán públicos.
En segundo lugar, los propios contratos, como instrumentos jurídicos, contarán con cláusulas de transparencia para que los pueda consultar cualquier interesado.
En tercer lugar, las empresas exploradoras y extractoras de gas natural o petróleo deberán hacer públicos los costos en los que incurran y los pagos que reciban en consecuencia.
En cuarto lugar, también serán públicos, transparentes y auditables los recursos que reciba el Estado por el gas natural o el petróleo que se extraiga consecuente con los nuevos contratos que establece la reforma, así como la forma en que dichos recursos serán utilizados.
En quinto lugar, los órganos reguladores estarán sujetos a estrictas normas de transparencia y rendición de cuentas. Entre estas destacan las siguientes: se obliga a que cuenten con un código de ética; los comisionados estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan conflictos de interés y podrán ser removidos por ese causal; sus sesiones, acuerdos y resoluciones se harán públicas, y se establecen reglas para llevar a cabo audiencias con los sujetos regulados, como el que para cualquier reunión con las empresas se requerirá la presencia mínima de dos comisionados y en todos los casos se levantará una minuta con los puntos tratados que será pública.
En sexto lugar, Pemex y CFE deberán de revelar información en los mismos términos que las empresas que cotizan en bolsa bajo los más estrictos estándares internacionales.
Finalmente, la reforma energética establece un arreglo institucional de pesos y contrapesos entre cuatro instancias del Estado que asegura la transparencia y la rendición de cuentas en el diseño, administración y licitación de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos e impiden que su asignación sea la decisión discrecional de una sola autoridad.
En este sentido, corresponderá a la Secretaría de Energía el diseño de los contratos; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la definición de los términos fiscales; a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la licitación y su administración técnica y, finalmente, al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo la recepción y administración de los ingresos y pagos que se deriven de los contratos.
Cabe enfatizar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos está conformada por profesionales especializados en el sector, y que se propone sean aprobados por dos terceras partes del Senado de la República. En el caso del órgano de gobierno del Fondo Mexicano del Petróleo, los dos miembros del Gobierno Federal, los Secretarios de Hacienda y de Energía, están en minoría. Los otros miembros son el Gobernador del Banco de México, el cual es una institución autónoma, y cuatro miembros independientes que también tienen que ser aprobados por el Senado.
5. Sobre las medidas para evitar que financiamientos ilícitos y presiones de grandes intereses afecten el proceso democrático de nuestro país
Para evitar la captura regulatoria de intereses políticos se seguirán las siguientes tres estrategias:
1. Se separan las decisiones técnicas del proceso político-electoral. Por eso, quienes asignan los contratos y regulan al sector son órganos especializados que contarán con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, y autosuficiencia presupuestal. Esto aplicará tanto para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
2. Ningún proceso se estará llevando a cabo en una sola instancia, asegurando esquemas institucionales de pesos y contrapesos. Por ejemplo, en el caso de la administración de los contratos estarán involucrados la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda. Asimismo, no se asignará ningún contrato de forma directa sino que se hará a través de licitaciones abiertas y transparentes, con base en criterios objetivos y en las que competirán las empresas interesadas. Quien gane una licitación será quien ofrezca el mayor beneficio al Estado mexicano por sus actividades.
3. Se promueve total transparencia y rendición de cuentas. Nuestro mejor activo como sociedad es una democracia en la que se involucra una ciudadanía exigente e informada. En ese contexto, el mejor mecanismo para garantizar que la ciudadanía le exija a las autoridades actuar en beneficio de toda la sociedad es que disponga de toda la información relevante y que se mantenga la plena libertad de expresión y de participación política que hoy existe en nuestro país.
Estamos convencidos que México puede tener instituciones más fuertes que lleven a mejores resultados en materia energética. En ese sentido, cabe destacar que prácticamente todos los países del mundo cuentan con un grado importante de participación de la iniciativa privada en las actividades del sector petrolero sin que ello haya afectado sus procesos democráticos. Ello va desde países industriales como Canadá y Noruega, países con nivel de desarrollo similar al de México como Brasil, Colombia y Malasia, e incluso países con menor nivel de desarrollo como Angola e Indonesia. En todos estos casos, y no hay razones para que no sea ese el caso en México, se han llevado a cabo distintas medidas para asegurar que las empresas del sector no tengan una influencia indebida.
6. Sobre las herramientas regulatorias para evitar prácticas de depredación
La industria de hidrocarburos operará con un marco de responsabilidades que garantice que sus decisiones serán tomadas con total transparencia e independencia de los regulados y sujeta a fuertes obligaciones de rendición de cuentas.
Para evitar la depredación en la explotación de los recursos, se establece que la toma de decisiones recaiga en tres instituciones con atribuciones claramente definidas: la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente.
La Secretaría de Energía seleccionará las áreas a desarrollarse mientras que la CNH será la responsable de garantizar que la extracción de los hidrocarburos se realice de manera sustentable en el tiempo, con bases técnicamente sólidas que permitan maximizar la recuperación total de los hidrocarburos a lo largo de la vida productiva de los yacimientos. Entre otras obligaciones que la CNH deberá de
establecer en los contratos, destacan las siguientes:
• Los contratistas deberán de ejecutar planes mínimos de trabajo;
• Deberán obtener la aprobación de la CNH a los planes de desarrollo y el diseño de los pozos. Para su aprobación, la CNH velará por que se maximice la recuperación de los hidrocarburos de los yacimientos;
• La devolución de áreas contractuales en caso de inactividad por parte del Contratista;
• Cumplir con un programa de auditorías técnicas y contables conducidas por el Estado, ya sea directamente o a través de terceros;
• Contar con sistemas de medición aprobados y auditados por la CNH;
• Fondear con anticipación las actividades necesarias para el correcto abandono de las áreas contractuales, evitando contingencias a los recursos naturales y a la seguridad de las personas; y
• Obligaciones de remediación en caso de afectaciones al medio ambiente.
La CNH y la Secretaría de Energía llevarán a cabo un seguimiento continuo del cumplimiento con estas obligaciones. Por su parte, la Agencia regulará y supervisará la adecuada explotación de los yacimientos asegurando que se realice de una manera industrialmente segura y respetuosa del medio ambiente. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán rescindir los contratos además de establecer las penalizaciones y los actos remediales que sean necesarios.
7. Sobre la productividad laboral en el sector energético y el Sindicato de Trabajadores Petroleros
En primer lugar, la Reforma Energética representa una gran oportunidad para todas las mexicanas y mexicanos que decidan ingresar a la industria petrolera. Se abrirán nuevas oportunidades laborales bien remuneradas, que representen retos profesionales interesantes, permitiendo mayor satisfacción personal. Para ello es esencial que se respeten todos los derechos laborales, incluyendo los de los trabajadores de Pemex, quienes durante décadas han demostrado su capacidad y su entrega en beneficio de México, tanto asegurando que el país cuente con energéticos como por la importante contribución de su labor para las finanzas públicas.
Sin embargo, la Reforma parte de la premisa de que no es función del Sindicato tomar decisiones gerenciales. Una muestra de ello es que desde la reforma constitucional se estableció que el sindicato ya no participará en el Consejo de Pemex.
Asimismo, debe de haber total transparencia por parte del Sindicato con respecto de los recursos que recibe provenientes de entidades públicas. Al respecto, hay que recordar que la Reforma constitucional en materia de Transparencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014 establece, en su artículo 6º, que toda la información en posesión de cualquier persona física, moral
o sindicato es pública. Por tanto, el sindicato petrolero está obligado a poner a disposición de cualquier ciudadano interesado la información que posea sobre el manejo de los recursos asignados y ejercidos por éste, a fin de garantizar el principio de máxima publicidad.
Los trabajadores y administradores mexicanos han mostrado tener un potencial equivalente o superior al de los de cualquier país del mundo. Hoy en día, la productividad laboral en sectores abiertos a la competencia y a todo tipo de inversión, como el automotriz o el aeroespacial, es la mayor del mundo. No hay nada que implique que los trabajadores mexicanos no puedan hacer lo mismo en la industria petrolera.
Este es un proceso que ya se ha observado en países con niveles de desarrollo económico y una cultura similar a la de México. Tanto en Colombia como en Brasil, la apertura en el sector energético ha llevado a incrementos importantes en la producción, incluso después de etapas de declinación como la que hoy en día se observa en México. Más aún, parte de los incrementos en productividad se han observado en las empresas petroleras estatales.
La evidencia es contundente. En otros sectores en México, se han alcanzado niveles de productividad comparables con los más altos del mundo, y la experiencia en otros países de la región muestra que se puede lograr lo mismo en el sector de energía de nuestro país.
8. Sobre los ingresos petroleros y la contribución de Pemex para fondear el presupuesto
En primer lugar, es necesario enfatizar que la situación actual del sector petrolero representa un reto significativo para las finanzas públicas del país. Aun cuando la inversión de Pemex se ha triplicado en los últimos 13 años pasando de 9 mil millones de dólares en 2001 a 28 mil millones de dólares en 2014, la producción de crudo ha disminuido en alrededor de una tercera parte de 2004 a 2014.
En otras palabras, el país lleva diez años pasando por una transición en el sector petrolero que nos está llevando de una época de yacimientos grandes de bajos costos a una época de yacimientos más moderados con mayor complejidad geológica, mayores costos y mayores riesgos. Este es un proceso al que se enfrentan todos los países productores, y ya ha tenido un impacto sobre las finanzas públicas del país tanto por menores ingresos de petróleo como por mayor gasto para su extracción. El tema no es que la reforma vaya a llevar a un deterioro en las finanzas públicas, el reto es como logramos que la reforma nos permita dar vuelta al deterioro que ya se observó.
La reforma justamente nos permitirá revertir esta situación. El uso de contratos permitirá que aumente aún más la inversión en el sector, al mismo tiempo que el costo y el riesgo del desarrollo de nuevos proyectos se compartirá entre un mayor número de participantes. Así, la reforma nos permitirá dar vuelta a la caída en la plataforma de producción de petróleo que se observa desde 2004 al mismo tiempo que el Estado mexicano ya no es el único que incurre en todos los riesgos y costos asociados a esa mayor producción. Se espera que con la reforma, la producción pueda aumentar de alrededor de 2.5 millones de barriles diarios en la actualidad a 3 millones de barriles diarios para el 2018.
En todo momento, la renta petrolera seguirá aportándose al Estado mexicano. Para asegurar lo anterior, los contratos se asignarán sólo a quien ofrezca el mayor pago al Estado mexicano. Eso implica que la renta petrolera asociada a la producción adicional seguirá siendo de los mexicanos, fortaleciendo las finanzas públicas.
En el caso específico de Pemex, la reforma propone un régimen fiscal similar al de las empresas estatales en el resto del mundo. Seguirá realizando pagos directos al fisco, pero serán más moderados que anteriormente. Eso mantendrá mayores niveles de caja en Pemex y nos permitirá hacer una reflexión más profunda sobre el uso de sus utilidades, en cuanto a si tiene sentido que esas utilidades se reinviertan en la empresa o se paguen al fisco en forma de un dividendo. Hoy en día no tenemos esa discusión, ya que el régimen fiscal de Pemex implica que todas las utilidades se transfieren a la Secretaría de Hacienda independientemente de si Pemex tiene buenas oportunidades de reinversión de
esas utilidades.
9. Sobre cómo garantizar un buen uso de los recursos petroleros, y que no se canalicen a aumentar la burocracia
En el Transitorio Décimo Cuarto del Decreto de la reforma constitucional se establece la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que será un fideicomiso del Banco de México integrado por cuatro consejeros independientes, ratificados por el Senado, y además el gobernador del Banco de México y los titulares de Hacienda y Energía.
El Fondo será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución1.
Los ingresos se administrarán y distribuirán conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en la ley para:
1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos.
2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al Fondo se destinarán al ahorro de largo plazo.
1. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto
de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. (Cfr. en Art. 27 de la CPEUM)
3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización petrolera.
4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el cuatro punto siete por ciento del Producto Interno Bruto, que corresponde a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros del año 2013.
5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros. Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente:
a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, al Fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que señale su ley;
b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en energías renovables;
c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo en materia de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional, y
d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo; en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente.
Una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo sea equivalente o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación.
En conclusión, queda claro que la Reforma Energética a través de estas disposiciones, cancela absolutamente la posibilidad de que las utilidades llegaran a canalizarse a la expansión de la burocracia.
10. Sobre cómo evitar crisis como la de 1982 o la creación de monopolios en el sector, asegurando que la reforma se lleve a cabo con eficacia, sentido social y transparencia
La Reforma Energética busca justamente evitar el que se repita una crisis como la de 1982. Al respecto, hay que recordar cuales fueron las causas de esa crisis. En ese momento, se siguió un modelo de desarrollo del sector petrolero que, si bien permitió desarrollar una cantidad importante de infraestructura en el país, estuvo basado en un proceso de endeudamiento público que derivó en la crisis de la deuda de los ochenta. Esa crisis hizo que se perdiera una década completa para el desarrollo del país.
No podemos recurrir a un endeudamiento público excesivo para pretender desarrollar el país o el sector energético. Quienes argumentan que Pemex debe desarrollar el sector por si sólo están justamente optando por el mismo modelo insostenible que llevó a la crisis de 1982.
Es por ello que la Reforma Energética propone dar la vuelta a la caída en la producción de petróleo e impulsar el desarrollo del sector, pero sin incurrir en un mayor endeudamiento público. En consecuencia, deben emplearse otros instrumentos, incluyendo el que haya una mayor participación de inversión privada que disminuya, para el Estado mexicano, los costos y riesgos de la exploración y
producción de crudo.
Una segunda característica del modelo que se adoptó en ese momento es que era plenamente estatista y monolítico, sin ningún tipo de control ciudadano. Ese es un modelo que no es aceptable ni política ni éticamente en una sociedad democrática. Todo lo contrario, se debe de avanzar para establecer un sistema abierto con fuerte competencia, total transparencia y plena rendición de cuentas.
La reforma energética no está privatizando ninguna empresa ni bien público. Por el contrario, Pemex y CFE se fortalecerán y se transformarán en empresas productivas propiedad 100% del Estado, con incentivos para asociarse o competir con empresas particulares, bajo la estricta regulación de los órganos del Estado. La iniciativa de legislación secundaria propone dotarlas de autonomía presupuestaria, de gestión y técnica; gozarán de un nuevo régimen fiscal mucho más competitivo y de un gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas internacionales.
Sin embargo, con un espíritu de apertura y para fomentar las mejores condiciones para los hogares y las empresas mexicanos, sí se plantea que ambas empresas deberán de competir. Asimismo, la recientemente fortalecida Comisión Federal de Competencia Económica asegurará que en ningún caso se genere concentración de poder de mercado. Para ello, la Comisión vetará de las licitaciones que se lleven a cabo en el sector energético a cualquier participante que detente o pudiera llegar a detentar poder monopólico.
Los mexicanos estamos ante una disyuntiva: o abrimos el sector energético a la participación y escrutinio de la sociedad con objeto de que se fortalezca en beneficio de todos, o nos condenamos a una inmovilidad monolítica, a un modelo burocrático y al endeudamiento como única vía para financiar al sector. La decisión del Constituyente Permanente fue optar por el cambio, basado en los principios de competencia, apertura, transparencia y responsabilidad fiscal.
