Redacción
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En el año 2016, una menor de origen hondureño y de 13 años de edad, fue detenida en la Central de Autobuses de San Miguel de Allende por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Ella iba acompañada por otros centroamericanos a los que el pollero abandonó en la tierra guanajuatense.
Desde que la niña tomó el autobús, el pollero abusó de ella varias veces en el transcurso del viaje.
Fue al llegar a Dolores Hidalgo que lo volvió a hacer y un día sin más, no volvió por sus compañeros, los dejó abandonados a su suerte.
Ella, quien fue abusada sexualmente por el pollero, no sabía qué hacer para denunciarlo. Sabía de su situación legal en el país y se quedó callada.
Decidió ponerse a trabajar en un lugar donde se preparaba comida y así estuvo unas semanas y un día que salió de paseo a San Miguel de Allende, agentes de INM los vieron, les pidieron sus papeles y no pudieron comprobar su estancia en México.
La menor fue llevada a la estación del INM en San Miguel de Allende, en la Calzada La Estación y ahí permaneció en espera de ser trasladada a la Ciudad de México para después ser deportada a su país de origen.
Ahí mismo les pidió ayuda a los agentes para que le ayudaran a denunciar al pollero que la había violentado y además de no seguir el protocolo de protección para la menor, tampoco le hicieron caso de poner su denuncia.
Así, con el daño sicológico y físico fue trasladada la Ciudad de México donde, sin preguntarle lo que le había ocurrido en su camino, la mandaron de regreso a su país sin que la Procuraduría Federal de Protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema Nacional DIF y la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, atendiera su caso.
Esta es una de las realidades que se describen en alguna de las 24 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre el periodo 2012 a 2018 a diferentes dependencias, organismos y gobiernos estatales por violaciones a los derechos humanos cometidas contra migrantes.
La información compartida en el portal en Internet de la CNDH, se señala que 11 de las 24 recomendaciones incluyen violaciones cometidas contra menores de edad, principalmente violencia sexual, el resto corresponde a detenciones arbitrarias.
Entre esas resalta la de la niña hondureña que fue deportada sin haber dado resolución a su caso, ni dado cobijo y ayuda a los traumas que vivió en su recorrido y dentro de las estaciones del INM.
Según pudo constatar la CNDH, los hechos ocurrieron el 8 de febrero del 2016 durante su paso por la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Iztapalapa, Ciudad de México y ahí la menor relató que fue detenida días antes por agentes del INM durante una revisión en la Central de Autobuses de San Miguel de Allende, Guanajuato, y fue trasladada a la estación migratoria de esa entidad en donde declaró haber sido víctima de abuso sexual.
Además, determinó que la menor fue expuesta al peligro al permanecer detenida en dos estaciones migratorias, situación que está prohibida por la Ley de Migración y el Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Pero la violación dentro de la estación de la Calzada La Estación no fue lo único que vivió la niña, sino que declaró que fue abusada antes por parte del pollero que la transportaba a ella y a otros migrantes de Guatemala que fueron abandonados en Guanajuato.
Otra de las recomendaciones emitidas para Guanajuato fue la ocurrida el 27 diciembre del año pasado (2018), la cual fue dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al gobierno del estado de Guanajuato, a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas.
El hecho data del 2013 cuando un grupo de 10 personas centroamericanas subieron a un tren en Querétaro para dirigirse al norte del país y al cruzar por Guanajuato fueron interceptados por 2 agentes de Protección Federal. Los migrantes bajaron del tren, intentaron huir pero los elementos les dispararon hiriendo a uno de gravedad.
Con info de El Economista
