Redacción
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JALISCO. – El Cártel de Jalisco Nueva Generación está reclutando a jóvenes por la fuerza entre los límites del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco y León, en Guanajuato.
Los habitantes de la zona dicen que los utilizan en laboratorios donde producen drogas sintéticas.
De acuerdo con testimonios y reportes periodísticos, en las Cuevas de Comanja de Corona, la zona montañosa entre los límites del municipio de Lagos de Moreno (Jalisco) y León (Guanajuato), se localizan campos de reclutamiento forzado que controlan las bandas del crimen organizado.
«Yo creo que ahí tienen a mi hijo», dice Maribel Ramos, madre de Mauricio Rodríguez de 15 años de edad, quien desapareció el pasado de 4 de agosto al medio día. Desde entonces no ha dejado de buscarlo, comenta. Su angustia aumentó cuando algunos vecinos le dijeron que probablemente el joven se encuentre en esas cuevas.
Mauricio salió con tres amigos. Ellos regresaron a casa dos días después, dice, pero se niegan a hablar sobre la desaparición de Mauricio; están amenazados.
En la pequeña Fiscalía de Lagos de Moreno, donde sólo Ricardo Arias investiga como Ministerio Público los crímenes en la región Altos Norte de Jalisco, una de las más peligrosas del Estado, la negativa para buscar en Comanja fue contundente: «como usted comprenderá, para allá está muy peligroso. Hace poco nos pusieron una emboscada», le dijo un trabajador del Estado a Maribel.
Le comentó también que en 15 días le resuelve. «¿Quince días más para saber si mi hijo estuvo o está ahí?», se pregunta la madre de Mauricio.
En Lagos de Moreno han desaparecido 323 personas, según la Comisión Nacional de Búsqueda. las familias de víctimas aseguran que son muchos más, sólo que el miedo a las represalias evita las denuncias.
El Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco (Sisovid) ubica a Lagos como uno de los municipios de mayor riesgo, junto con Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Guadalajara.
Anna Chimiak, la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) que desde 2016 acompaña a las familias de víctimas, asegura que la centralización de los trabajos de búsqueda afecta a los municipios alejados de la zona conurbada de Jalisco, como Lagos de Moreno, donde 45% de la población habita áreas rurales.
Ahí, sostiene, sólo se localiza a 25% del total de personas desaparecidas, pero sin vida –el promedio en Jalisco es de 40%–; los casos nunca llegan a esclarecerse y no registran personas sancionadas.
CRÍMENES SIN ATENDER
Aunque Lagos de Moreno pertenece a Jalisco, sus habitantes se sienten más cercanos –y lo están geográficamente– a León, capital económica de Guanajuato, el estado con mayor índice de asesinatos en el país durante 2019.
«En algunos temas de delincuencia organizada Lagos es como una colonia de León», comenta René Urrutia, consultor en seguridad, exfiscal de Aguascalientes y ex subprocurador regional de Justicia en Guanajuato.
Desde 2015 se han denunciado 239 homicidios en Lagos. La Guardia Nacional, que llegó en julio de 2019, no ha hecho diferencia. Hasta agosto pasado la cifra era de 70, lo que ya supera los 65 casos registrados en todo 2019.
La zona, que según el discurso oficial es disputada por los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Santa Rosa de Lima, es un espacio violento y poco atendido por el gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, en cuya administración han desaparecido más de 3 mil personas. Entre él y su homólogo en Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, del Partido Acción Nacional, hay alianzas económicas, pero no proyectos regionales para combatir la violencia.
«Es lamentable. Tenemos trámites burocráticos impensables. Colaboraciones, exhortos, comunicaciones epistolares del siglo pasado», añade Urrutia
En el intercambio de violencia entre Jalisco y Guanajuato, no sólo se mueve el mercado de las drogas; también la trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas principales víctimas son mujeres menores de edad, y el tráfico de armas, de acuerdo con Chimiak, del Cepad.
«En varios moteles en la salida de León hacia Lagos de Moreno y viceversa, que no son pequeños, se desarrolla actividad relacionada con trata de personas para explotación sexual», asegura el exfiscal Urrutia. Admite que entre 2009 y 2013, cuando fue director de la Policía Ministerial, no se llevaron a cabo investigaciones con Jalisco, aunque ya se conocía la gravedad del problema.
LA ZONA DE LOS LABORATORIOS
Hermión Luna García, a quien su madre, María de Jesús, llama cariñosamente “Pelón”, tenía 16 años cuando salió de su casa. Fue el 6 de julio de 2015. Hermión se persignó frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe y el San Judas que adornan la sala de su casa.
«Me parece que él ya sabía que no iba a regresar», cuenta María de Jesús Luna. Hoy, la foto de Hermión está clavada junto a un Cristo crucificado en el mismo altar. A su lado está la fotografía de su hermano Juan Manuel, asesinado meses después, cuando se metió entre los grupos que trafican drogas para buscar a Hermión. Murió de dos balazos. Tenía 19 años, su cuerpo quedó tendido a una cuadra de su casa. Las autoridades no detuvieron a los autores del crimen.
Los hermanos Luna son dos de las víctimas del crecimiento en el consumo y producción de metanfetaminas para la elaboración de la droga conocida como cristal en la zona occidente de México, que controla el CJNG, el mayor productor en todo el país, de acuerdo con el Congressional Research Service, un instituto de investigación estadunidense.
«Es una zona propicia, conecta fácil con Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. Estos estados tienden puentes hacia el norte de la República», explicó Isaac Vargas, research fellow del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
De acuerdo con información del CIDE, de 2006 a 2018 la Secretaría de la Defensa Nacional confiscó tres laboratorios donde se elaboraban drogas sintéticas en Lagos de Moreno y otros cinco en la región Altos Norte. La zona occidente del país es la principal productora de cristal, ahí se localiza 67% de los laboratorios clandestinos.
«Los que están en Guadalajara o en el oriente de la capital de Aguascalientes son para el abastecimiento de las ciudades; los de zonas serranas o brechas abastecen a otros países o estados», añadió Vargas.
Daniel Bocanegra es otra víctima. Él desapareció el 10 de junio de 2015 tras negarse a ser vendedor de cristal. Tenía 28 años y seis hijos. Su mamá lo buscó durante meses en las bolsas negras de basura dejadas en las esquinas de las calles.
«Como a los dos días de que desapareció, mi (otro) hijo recibió una llamada. Le pedían 500 mil pesos: ‘antes de que lo mate –le dijeron–, junten el dinero. Mire, lo tenemos junto a la vía del tren, todavía está vivo’. Pero mi hijo ya oía los gritos de él, llore y llore que lo ayudaran… Ya no supimos nada», cuenta la madre de Daniel.
A cinco años de la desaparición de Daniel, la Fiscalía tiene apenas cinco hojas de investigación sin ninguna información concluyente. Su madre cree que su cuerpo puede estar enterrado en el “troquero” –un espacio donde confluyen tráileres con todo tipo de mercancías que cruzan el país rumbo al norte o al sur– donde encontraron su motocicleta, o en la presa La Sauceda, ubicada en la carretera a Comanja, a unos 30 minutos del centro laguense.
Y agrega: en la presa «dijeron que había bolsas, muchas, que parecía un cementerio porque eran demasiadas. No los dejaron sacar nada». Se refiere a un caso ocurrido en 2018, cuando se ahogaron tres niños y un adulto.
En esa ocasión personal de Protección Civil (PC) del municipio rescató los cuerpos. Como ella, otras madres sospechan que aquel canal de agua, que los fines de semana reúne a familias y amigos, es en realidad un cementerio clandestino que las autoridades se niegan a investigar.
CUERPOS ACUMULADOS
«Mi nombre es Catalina Mireles Romero. Busco a mi hija Ana Elvira Castillo, quien se encuentra desaparecida desde el 28 de abril de 2015. Desde ese día mi lucha por encontrarla ha sido constante».
De estatura baja y semblante firme, Catalina acompaña a otras madres que también buscan a familiares desaparecidos, como sucede en otras entidades.
«Yo, como madre, tengo derecho a estar a pie de fosa, pero en Lagos no te permiten eso», se queja Catalina. De acuerdo con el Cepad, en los últimos tres años se han encontrado 29 fosas en ese municipio.
Lourdes Wario, hermana de Anselmo, desaparecido cuando trabajaba en un puesto de jugos en 2015, dice que no tiene miedo: «A mí donde me digan vamos a buscar, yo voy. Por mi hermano, hasta donde sea. Es difícil porque no hay apoyo de las autoridades. No hacen ni te dejan hacer».
Los problemas de violencia y presupuesto han ocasionado que la delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tenga hoyos en el techo, esté saturada y haya cuerpos no identificados. En el expediente UT312/2020, obtenido vía transparencia por el Cepad, se indica que el lugar tiene espacio para resguardar 87 cuerpos.
«Pero reconocen que tienen 105. Hicimos cálculos y el número es más alto, contamos 190. De éstos, 31 están en panteones municipales y de 54 no hay rastro», explica Chimiak.
Además de las desapariciones, Lagos es un municipio con Alerta de Género desde 2016. Ahí, mujeres y hombres por igual son reclutados como mercancías y mano de obra para los grupos del crimen organizado. En ambos casos las labores son distintas.
«Las mujeres pueden ser guías de ruta o halconas, o usadas para transportar droga a ciertos territorios y horas de la noche. Son menos visibles que los hombres, levantan menos sospechas. También son usadas para tener relaciones. Algunas entraron al cártel por ser parejas de los sicarios o por ser cortejadas, pero detrás de eso parece que ya había un proyecto para terminar usándolas como compañeras sexoafectivas», añade Vargas, del CIDE.
LA LEY DE LA VERDAD
«Al paso que vamos, cada familia en Lagos va a tener un desaparecido», dice Teresa Hernández, madre de Ángel Rodríguez, desaparecido y asesinado en 2013 junto con Daniel Espinoza y otros dos jóvenes cuando salían de un cumpleaños.
La casa donde fueron levantados Ángel, Daniel y otros dos jóvenes ahora es un memorial para víctimas de desaparición confiscado por la Fiscalía General del Estado llamado La Ley de la Verdad. Está situado en la carretera a Comanja.
En el expediente del caso hay rastro de otras personas asesinadas en el lugar, entre ellos el ADN de una mujer que, según Juan Carlos Arenas, podría ser su hija Ana Belem, desaparecida en 2013 cuando salía de trabajar de un bar de Lagos de Moreno y se dirigía hacia su casa, en León. Siete años después, la fiscalía en Lagos no ha avanzado en la investigación de los indicios.
Hasta el cierre de la edición 2295 de Proceso ni la Comisión de Búsqueda en Jalisco ni la Fiscalía General de Guanajuato habían respondido a la solicitud de entrevista.
Este artículo fue realizado por POPLAB. Con info de Mónica Cerbón. DA CLIC AQUÍ PARA VER ARTÍCULO ORIGINAL
