Redacción
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GUANAJUATO.- La Auditoría Superior del Estado (ASEG) detectó que en el gobierno de Luis Alberto Villarreal la «renta» de semáforos y equipo tecnológico «fantasma».
Fue después de revisar la cuenta pública de la administración de Luis Alberto Villarreal, quien actualmente busca la reelección como presidente municipal de San Miguel de Allende, donde encontraron daños al erario, por varios millones de pesos.
Estas «rentas fantasma» fueron aprobadas por los integrantes del Comité de Adquisiciones, integrado por los primeros regidores de cada fracción, funcionarios y la Síndico del Ayuntamiento. Este comité aprueba a quién le rentarán, contratarán o comprarán los bienes muebles e inmuebles, así como servicios que se pagará con dinero del Municipio.
Los integrantes de este Comité de Adquisiciones debieron aprobar la presunta «renta» de empresas «fantasma» para los semáforos y equipos tecnológicos que SÍ SE PAGARON pero nunca encontraron.
Pero ¿quiénes integran ese Comité de Adquisiciones por el que ahora la Auditoría investiga empresas y equipos «fantasma»? ahí te va:
- Regidor 1: Alan Romo Gof, el del PVEM, que ahora anda de candidato a la alcaldía por San Miguel de Allende.
- Regidor 2: Cristóbal Olvera Hernández, de MORENA, quien se convirtió en uno de los regidores aliados del PAN y traicionó a su partido.
- Regidor 3: Felipe Tapia, regidor por el PAN y ahora coordinador de la campaña de Luis Alberto Villarreal
- Síndico: Verónica Agundis, Síndico del Cabildo hoy en campaña buscando reelegirse junto con Luis Alberto Villarreal.
- FUNCIONARIO: Rodolfo Jurado Maycotte, Oficial mayor del Ayuntamiento.
- FUNCIONARIO: César Gutiérrez Tovar, Coordinador de Procesos de Compras desde la Oficialía Mayor, hermano de la regidora del PAN con licencia, Luz María Tovar, hoy directora de Atención Ciudadana.
- Funcionario: Alejandro Martínez Acosta, Tesorero municipal
- Funcionario: Alan Álvarez Flores, Contralor, quien sólo es observador
Alan Romo, Candidato 
Alan Álvarez, Contralor 
Cristóbal Olvera, el de la Morena 
Verónica Agundis, en campaña 
Rodolfo Maycotte, Oficial Mayor 
Felipe Tapia, regidor Pan 
César Gutiérrez, el de las Compras 
Alejandro Martínez, el Tesorero
Es la diputada diputada local Magdalena Rosales Cruz, de Morena, señaló que la revisión se aprobó en abril pasado y arrojó estos detalles que implican daños al erario, por más de 5 millones de pesos.
La diputada señaló que se encontró que el Municipio no pudo acreditar haber realizado algún estudio para valorar la posibilidad de adquirir vehículos y semáforos, en vez de arrendarlos, mediante contratos violatorios de los lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal aplicables.
Dijo en su informe que discutirán en el Congreso, que en la administración presidida por el PAN, fueron hechas múltiples observaciones que dan muestra de un actuar gubernamental lejano al Estado de Derecho.
«Por esto, debe dársele un correcto seguimiento para que la autoridad investigadora de la ASEG determine las responsabilidades administrativas correspondientes y, en su caso, presente las denuncias correspondientes.
Y es que lo ocurrido en San Miguel de Allende no es cosa menor, pues la ASEG dictaminó que el municipio presidido por Villareal no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, al encontrarse, entre otras cosas, lo siguiente:
- Primero: El Municipio no pudo acreditar haber realizado algún estudio para valorar la posibilidad de adquirir vehículos y semáforos en vez de arrendarlos mediante contratos violatorios de los lineamientos generales en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal aplicables.
- Segundo: se pagaron más de $5 millones 700 mil pesos, a 2 empresas por el arrendamiento, suministro, mantenimiento y puesta en operación de semáforos y otros supuestos equipos de alta tecnología en materia de movilidad y seguridad pública durante 27 meses. Sin embargo, cuando la ASEG fue a verificar dichos equipos encontró que estos no estaban instalados, ni en operación, así como que varios equipos no se localizaron y que otros no correspondían a las características del contrato. En suma, semáforos y equipo tecnológico fantasma, pero que SÍ SE PAGÓ.
- Tercero: El municipio encabezado por el PAN, omitió aplicar las penas convencionales por atraso e incumplimiento del contrato de arrendamiento de estos semáforos y equipo tecnológico.
Estos hallazgos, que construyen un escenario coherente de corrupción, no deben quedar impunes, como ha sido hasta ahora el caso de la auditoría al Sistema Municipal de Agua Potable de Salvatierra que este Congreso decidió menospreciar en esta misma sesión de pleno.
Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena hacemos un llamado para que la dirección general de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato lleve a cabalidad todos los procesos necesarios para determinar la existencia de las responsabilidades administrativas que correspondan, así como la presentación de las denuncias pertinentes.
«Como Poder Legislativo debemos garantizar llegar a las últimas consecuencias con quienes no tienen el más mínimo respeto por lo público, como es el caso de la administración panista de Villareal».
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