Redacción
El diputado panista Alfonso Ruiz Chico, presentó ante el Pleno del Congreso local la iniciativa por la que se crea la ley que regula el funcionamiento y operación de los establecimientos dedicados a la compraventa de vehículos en desuso o para su desmantelación, o autopartes de estos, y los establecimientos en donde se comercializa, adquiere, recicla o acopian materiales metálicos, para el estado de Guanajuato.
En su mensaje, destacó que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía (SNIEG) ubica al delito de robo de automóviles, en segundo lugar como un delito de alto impacto dentro de los delitos patrimoniales, tan solo después de los robos a casa habitación.
Refirió que, según datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México durante el año 2013, se registraron 190 mil 180 robos de automóviles, de los cuales 57 mil 248 fueron robos con violencia. Los estados con el mayor índice de robos fueron: el Estado de México con 58 mil 881, el Distrito Federal con 17 mil 279, Baja California con 17 mil 081, en tanto que estados colindantes con Guanajuato como Jalisco presentó 10 mil 894, Michoacán con 6 mil 401 y San Luis Potosí con 741, ocupando nuestro estado el lugar número trece en robos de autos con 4 mil 073, de los cuales 477 fueron robos con violencia.
Ruiz Chico remarcó que el robo de automóviles es el segundo delito más rentable para la delincuencia organizada tan solo detrás del narcotráfico, generando ganancias por más de 11 mil millones de dólares de acuerdo a datos proporcionados por la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo Vehicular (ANERPEV).
«Los autos robados dejan ganancias millonarias al ser desmantelados y vendidas sus partes en los establecimientos coloquialmente llamados «yonkes o deshuesaderos» que operan incluso en forma clandestina, proliferando en una situación no regulada por la autoridad, convirtiéndose en auténticos centros de acopio de contrabando de autos robados, adquiridos a sabiendas de su ilícita procedencia, sin el registro de identificación de la persona o personas que los venden, constituyendo un nuevo delito por la receptación de ese vehículo o de sus partes», dijo.
Señaló que el robo de metales es otro problema que se presenta, su destino son las recicladoras o chatarreras que paguen mejor precio por kilo de metal, que oscila entre los 75 y 95 pesos, estos robos se presentan en casas habitación, negocios, bienes del dominio público ya sean federales, estatales y municipales, y edificios públicos, ya que el robo del cableado eléctrico o telefónico, transformadores, tubería de cobre, fibra óptica, tapaderas del drenaje, medidores de agua y demás objetos metálicos como el aluminio y bronce, entre otros ya que representan una fuente de ingresos tanto para sus compradores como vendedores, convirtiéndose de igual forma, en un delito por la receptación de objetos robados.
Asimismo, se proponen las sanciones a que se harán acreedores los establecimientos por las infracciones cometidas a la misma, las que irán desde la imposición de una multa económica de hasta por la cantidad equivalente a cinco mil veces el salario mínimo.
Así como en su caso, la revocación del permiso para funcionar, con independencia de las responsabilidades civiles o penales que se pudieran haber generado por la realización de conductas ilícitas en los términos de la legislación correspondiente.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen
