Redacción
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CDMX.- Los Sistemas DIF de Guanajuato, los agentes del Ministerio Público del Michoacán, los de Querétaro y de esta Entidad lo sabían, y con su tolerancia y consentimiento, permieron que por mucho tiempo que se les torturara y violentara física y sexualmente a niños, menores de edad y discapacitados de los centros «Ciudad de los Niños en Salamanca».
Los Gobernadores de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, 2 presidentes municpales (de San Francisco del Rincón y San Luis de La Paz) y 2 fiscales estatales (el de Guanajuato y Aguascalientes) fueron emplazados a cubrir la reparación de daños a la víctimas, a disculparse, a cancelar el registro y a abrir investigaciones a los funcionarios que permitieron los abusos en los albergues del sacertdote católico Pedro Gutiérrez Farías.
La mecánica del abuso sexual consistía en que niñas y niños jugaban al papá y la mamá
con el sacerdote Pedro Gutiérrez, quien elegía a sus víctimas por las noches. Su ayudante, identificado por los menores también como abusador, Leandro Martín Bermúdez Armenta, era el encargado de sacar a los pequeños de sus dormitorios para llevarlos ante el cura y después regresarlos a sus camas.
En las 507 páginas de la recomendación 32VG/2020 emitida el 19 de mayo y difundida este jueves 28, se detallan los daños a las 324 personas (135 niñas, niños y adolescentes, así como 191 personas adultas que presentaban una discapacidad intelectual), así como a la identidad en agravio de 169 personas que fueron registradas como hijas e hijos biológicos del sacerdote Pedro Gutiérrez.
En el apartado 888 cita:
“En consecuencia, las omisiones en las que incurrió personal de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los Estados de Guanajuato y Michoacán, constituyen probables conductas delictivas, con la agravante de que fueron realizadas por personas servidoras públicas en ejercicio de sus funciones, cargos y/o comisiones, lo que evidencia la tolerancia y/o aquiescencia de los hechos ocurridos en contra de la víctimas durante su estancia en los centros de asistencia administrados por la Ciudad de los Niños Salamanca A.C.”
Así fue como la CNDH emite recomendación como resultado del seguimiento del expediente e investigación iniciada desde julio del 2017, luego de todo un proceso legal que evidenció la forma en que los indiciados maltrataban a los recluidos en sus 6 albergues (3 ubicados en Salamanca, uno en Irapuato, uno en la zona metropolitana Moroleón-Uriangato y uno más en Morelia).
Con todo y la oposición y expedientes incompletos de parte de los dirigentes de los centros y de la propia Procuraduría de Protección de Guanajuato, la CNDH logró documentar la tortura de 21 menores y 10 adultos con discapacidad; abuso sexual de 9 adolescentes y 4 mayores de edad; además del trato cruel inhumano y/o degradante en perjuicio de 17 personas menores de edad y 2 personas adultas.
El organismo demanda para las víctimas una reparación integral del daño, que incluya la atención médica especializada integral, así como el pago de una compensación y/o indemnización.
En la recomendación se emplaza a cancelar el registro de la “Ciudad de los Niños, Salamanca y Morelia A.C.” en el padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil con fines de asistencia social, a fin de que dicho centro no continúe acogiendo a personas menores de edad y/o personas adultas que viven con discapacidad o padezcan alguna adicción.
