Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE. – El Poder Judicial del Estado de Guanajuato y Carlos Zamarripa Aguirre (Fiscal General del Estado), están coludidos para no resolver con justicia el caso de Leo Reyes.
Su familia y abogados, quienes cumplen 1 año y 9 meses peleando por el tema, (en el que el pasado 13 de diciembre de 2018 el joven fue asesinado en San Miguel por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), seguirán en la lucha para demostrar que la muerte de Leo Reyes fue un crimen de Estado que, está encubierto por el gobierno de Guanajuato.
El día de ayer, el equipo jurídico y la familia Reyes Cayente emitieron un comunicado con la información siguiente:
El 13 de diciembre de 2018 el migrante Leonardo Reyes Cayente fue ejecutado extrajudicialmente en la comunidad de Corralejo de Abajo, en San Miguel de Allende. Leo, un guanajuatense radicado en Texas estaba de visita en su tierra para pasar las fiestas decembrinas y lo que encontró fue la muerte en manos del Grupo Táctico Operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), a cargo de Álvar Cabeza de Vaca, que es encubierto por el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.
El pasado 25 de marzo, después de 16 meses de una supuesta investigación y en plena pandemia, la Fiscal Ramona Álvarez Pérez dio a conocer públicamente que no se ejercía la
acción penal contra los FSPE y que el caso se archivaba. Ello después de múltiples quejas presentadas por parte del equipo jurídico y de la familia de Leo, así como de una
Recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHEG) en la que reconoce que prácticamente los policías dejaron morir a Leo.
Es hasta el 14 de agosto que Álvarez, le notificó de manera oficial y personalmente a la señora Guadalupe Cayente Moreno la decisión de la Fiscalía. Frente a ello, el equipo jurídico presentó ante un Juez Penal una impugnación contra la decisión de la FGJEG, que intentaba desahogarse en una audiencia celebrada el 17 de septiembre pasado a decisión de la Jueza Mónica Edith Olmos Ortega de que se reunían las condiciones que señala la Ley para llevarla a cabo, sin que el Ministerio Público se opusiera o mencionara algo al respecto.
Durante la audiencia en la que estaban presentes dos Fiscales y los policías que ejecutaron extrajudicialmente a Leo, la FGJEG señaló que los 10 días que marca la Ley habían pasado debido a que “pegaron letreros en la casa” de la señora Guadalupe avisándole del archivo, lo que es totalmente falso. La Jueza Olmos apoyó la mentira de la Fiscalía y en tono prepotente dio por cierto que se habían pegado esos letreros.
Ante esto nos preguntamos: ¿Por qué la familia no confirma esa supuesta notificación?, ¿Por qué la comunidad (de 200 habitantes) no puede ratificar que así haya sido?. Miente la Fiscalía y el Poder Judicial es cómplice de la mentira.
Estos hechos constituyen una violación grave a las formalidades del proceso de impugnación, que se suman a las violaciones al proceso cometidas por la Fiscalía, todas ellas
presentadas oportunamente ante la Jueza, tales como: actos negligentes, dilación al acceso a la justicia, así como las múltiples contradicciones que existen en el expediente.
Los argumentos contra el archivo del expediente son:
- La Fiscal Ramona Álvarez es reconocida como una autoridad violadora de derechos humanos por la PDHEG (expediente 83-18-D), que juzga y desvaloriza a testigos, sin tener fundamento científico y tecnológico; además, carece de objetividad siendo que
fue ella misma la que archivó el asunto. - Existen contradicciones en los dos dictámenes en materia de necropsia en donde se cambiaron las trayectorias de los proyectiles que impactaron a Leonardo. En un
dictamen se especifica una dinámica de entrada y salida de proyectil, y en el segundo,
esta conclusión varía; lo cual denota una mala práctica de la necropsia. - En la investigación no se revisa la responsabilidad penal de los policías por no haber ofrecido atención a Leo durante el tiempo que estaba herido; si bien la PDHEG no menciona la ejecución extrajudicial, sí reconoce esta omisión como grave.
- En el levantamiento de los indicios se denota que había un golpe en la cabeza de Leo, lo que fue descrito en el informe de criminalística por Américo Cristóbal Álvarez González, pero no así en la necropsia, es decir, dicho perito fue omiso en establecer claramente esta lesión y la Fiscalía debió investigar exhaustivamente lo que hubiera reforzado los
testimonios de los testigos, mismos que fueron desvalorados por Ramona Álvarez. - No existe ni se acredita por parte de la actuación de los Elementos de Seguridad Publica, alguna legítima defensa como lo refiere la Fiscalía, además de que existen
múltiples de contradicciones en los dichos de los policías, que deberían haber sido investigadas por la Fiscalía con pruebas científicas, ya que ello restaba credibilidad a su dicho.
Por lo anterior, el equipo jurídico y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
EXIGEN:
- Que el maestro Héctor Tinajero Muñoz, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reconozca que se está violentando el Estado de Derecho pues se impide acceder a la justicia con la actuación de la Jueza Olmos. Generando incertidumbre,
descontento y desconfianza. - Que se reconozca que la actuación de la Jueza encubre en los hechos a un cuerpo de élite que ha ejecutado migrantes. La violencia en Guanajuato no cederá si el
Poder Judicial perpetúa el pacto de impunidad entre la SSP y la FGJEG. - Que se dé trámite a la queja ante el Consejo del Supremo Tribunal de Justicia contra la Jueza Olmos, en aras de impugnar el archivo del expediente.
- Que la Secretaría de Gobierno haga valer la Ley de Víctimas recientemente aprobada en Guanajuato y ofrezca medidas de reparación integral del daño a la familia de Leonardo y que sean éstas las primeras víctimas atendidas por la Comisión Estatal
de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), instancia que está por instalarse en la entidad.
No pararemos hasta llegar a la justicia.
A T E N T A M E N T E
FAMILIA DE LEONARDO REYES CAYENTE
