Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Esta semana, integrantes del Observatorio Ciudadano y El Charco del Ingenio compartieron una noticia:
La intención de construir casas de lujo con vista a la presa del Obraje, que empresarios de la zona y de Garambullos proyectan para el lugar, en conjunto con autoridades municipales, tiene que tomar otro camino luego de que un juez exigió al Cabildo que regresaran el pedazo de tierra que querían quitar para «acomodar» a modo, el Plan de Desarrollo territorial (PMDUOET) y con ello comenzar a construir sus fraccionamientos «de a millón».
Los cambios en el Plan de Ordenamiento, de quitarle el nombramiento de zona de preservación y protección de la zona protegida, fueron avalados por los integrantes del Cabildo sanmiguelense y modificados por el director del Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040 (Implan) Víctor Armando Rivera Salas.
Tras el aval hecho por el titular del IMPLAN y una vez cubiertos los cambios que pidieron hacer desde el Iplaneg del Gobierno del Estado, quitar la zona de preservación fue aprobada por los integrantes del Cabildo (todos) para que se cambiara.
Sin embargo, integrantes del observatorio Ciudadano en conjunto con el Charco del Ingenio interpusieron, en su carácter de organismos ciudadanos, demandas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado pidiendo la nulidad del acuerdo aprobado por los integrantes del Ayuntamiento en el año 2017, así como la NO inclusión de las modificaciones acordadas en el PMDUOET.
Víctor Armando Rivera Salas, director del Instituto Municipal de Planeación, Innovación y Supervisión del Plan 2040 (Implan)
Desde el año pasado, el Tribunal aceptó que lo que que quiso hacer Victor Armando Rivera Salas y el gobierno Municipal (que beneficiaría a los empresarios) era una violación de acuerdos, por lo que les pidieron modificar el PlAn de Desarrollo… Sin embargo los meses pasaron y no hacían nada.
Fue así que el pasado 16 de febrero del 2020, un juez del Tribunal de Justicia lanzó el ultimátum al Gobierno Municipal, a los regidores, Alcalde y síndico, así como a Víctor Armando Rivera para «ordenar» que hicieran lo que ya les había pedido diciendo:
«…Dado que a la fecha la autoridad demandada no acredita el cumplimiento a la suspensión concedida, de conformidad con lo establecido por los ordinales 27, fracción I, 31, fracción II, 50, 268 y 274, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, resulta procedente apercibir (es decir multar económicamente ) a los 12 miembros del Ayuntamiento)… y se les requiere nuevamente, para que en el término de 3 tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, acrediten el cumplimiento en los términos referidos supralineas.»
«Se les hace saber que de persistir en incumplimiento, se les aplicará, individualmente, una multa equivalente al monto de 70 setenta unidades, de medida y actualización diaria, cuyo monto asciende a $6,081.60 (seis mil ochenta y un pesos con sesenta centavos en moneda nacional)…
«…Se encomienda a la Coordinación de Actuarios de este Tribunal, para que en auxilio de las labores del mismo, realice personalmente la notificación de este acuerdo a los integrantes del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato.»
Fue dos días más tarde de aquel apercibimiento con MULTA para los regidores, el síndico y el Alcalde, que el Ayuntamiento tuvo que realizar una Sesión Extraordinaria para aceptar las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, reconociendo la validez de la Declaratoria de la ZPE.
«Sin embargo, en la subsecuente respuesta al Tribunal, el pasado 6 de marzo, la autoridad municipal volvió a responder al tribunal para mantener en el PMDUOET (hecho por Víctor Armando Rivera), las alteraciones del uso de suelo que contravienen los términos de la Declaratoria de 2006, en lo que consideramos un claro desacato del mandato judicial.
«…En virtud de que la autoridad municipal está obligada a dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, es de esperarse que el Ayuntamiento no sólo declare su intención de hacerlo, sino que inicie a la brevedad el procedimiento legal de modificación del PMDUOET en los términos precisos determinados por la autoridad judicial.
«Sobra decir que nuestras organizaciones, Observatorio Ciudadano de los Sanmiguelenses AC y El Charco del Ingenio AC, están más que dispuestas para colaborar con el Ayuntamiento, a través del IMPLANSMA, en la necesaria adecuación del PMDUOET, de manera que se dé cumplimiento cabal a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, las cuales reflejan una nueva conciencia de los magistrados sobre la importancia social de las áreas naturales y los servicios ambientales que prestan a la población.
¿QUÉ ES EL CHARCO DEL INGENIO?
El jardín botánico El Charco del Ingenio, es considerado una zona natural protegida de gran valor ecológico, paisajístico e histórico.- A partir de las gestiones de la organización propietaria del Jardín Botánico, en 2005 el Ayuntamiento de San Miguel de Allende acordó por unanimidad la creación de la Zona de Preservación Ecológica El Charco del Ingenio y Zonas Aledañas (ZPE).
- Tiene una superficie de 392 hectáreas, y comprendiendo regímenes de propiedad municipal, privada y ejidal, el territorio protegido fue distribuido en dos partes con usos de suelo específicos: una zona núcleo (182 has.) consagrada a la conservación del ecosistema y del paisaje y otras secciones contiguas a los cuerpos de agua de la cañada
- La Declaratoria de esta zona ecológica municipal fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 2 de mayo de 2006, manteniendo su vigencia hasta la fecha.
