Redacción
newssanmiguel@gmail.com
SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Joanna Romina Hernández, candidata del PRI a la Diputación Local por el distrito IX con cabecera en San Miguel de Allende, enfrenta una denuncia interpuesta en su contra por presuntos hechos que podrían constituir corrupción. Joanna Romina, es la candidata que hoy utiliza en su campaña el lema de «Romi, La Buena».
Así lo muestran documentos en exclusiva a los que tuvo acceso News San Miguel”.
La denuncia con número de expediente 17504/2024 fue interpuesta el pasado 13 de febrero del 2024 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Guanajuato.
La denuncia fue presentada por el regidor de Morena en el ayuntamiento, Carlos Olvera, luego de que un reportaje periodístico de Los Ángeles Press exhibió a través de documentos y contratos,como cuando Joanna Romina Hernández, quien se desempeñó como titular de la Dirección de Atención Ciudadana de San Miguel de Allende, su padre Vicente Hernández Valle y a su tío y ex dirigente municipal del PRI, José Rutilio Hernández “El Talego”, recibieron diversos contratos que suman más de 18 millones de pesos
para compra de materiales de construcción por adjudicación directa y en presunta simulación de competencia.
Los documentos, que son públicos, muestran como José Rutilio Hernández Valle, recibió al menos 13 contratos entre 2022 y 2023, a su nombre y como Materiales El Talego, por la adquisición de materiales para construcción por 17 millones 488 mil 709 pesos.
El reportaje periodístico por el que se originó la denuncia, también dejó en evidencia cómo de manera presumiblemente sospechosa nueve días antes de que arrancara el gobierno del PRI en San Miguel de Allende:
- Su padre Vicente Hernández Valle
- María Micaela Hernández Valle y
- Juan Hernández Aguado
- Todos son familiares de la candidata del PRI que se autodenomina «la Buena», crearon la empresa SAMEVI SA. de C.V.
A pocos meses de que fue creada, esa misma empresa recibió un contrato con número de registro AD3P-05-03-2023 por un rango de $300 mil a 1 millón de pesos para comprarles material y por si fuera poco, se simuló la competencia al postularse la empresa familiar SAMEVI, contra su propio accionista: Juan Hernández Aguado, como Materiales JVS.
Cabe destacar que el artículo 42 de la Ley de Contrataciones para el estado de Guanajuato, prohíbe que se asignen contratos a familiares de funcionarios públicos. Toda esta serie de irregularidades donde la familia de una funcionaria pública de primer nivel se vio directamente beneficiada, son las que originaron que el regidor de morena presentara la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, será esta la encargada de determinar si la candidata del PRI tiene responsabilidad o no.
