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SAN MIGUEL DE ALLENDE. – La familia de Leonardo Reyes Cayente, el migrante que fue asesinado a balazos por elementos de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSPE) durante un operativo en la comunidad de Corralejo de Abajo de San Miguel de Allende reconocen que las conclusiones hechas por la Procuraduría de los Derechos Humanos les ayudarán a obtener justicia para su hijo Leo, a quien en su momento lo señalaron como «asaltante de carreteras».

Durante varios meses, Guadalupe Cayente y Don Rafael, papás de Leo, denunciaron durante meses y ante diferentes instancias, que los agentes del Ministerio Público, Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez obstaculizaron las investigaciones ante la falta de cooperación.

También denunciaron el exceso de uso de la fuerza y la falta de atención médica a su hijo herido por las balas de la policía y nunca se callaron.

Ayer martes, Derechos Humanos del Estado emitió un comunicado donde reconoce que los policías estatales excedieron el uso de la fuerza y violentaron el Derecho a la Vida de Leo Reyes al dejarlo morir y no pedir ayuda para salvar su vida después de que le dispararon y señalaron como responsables de su muerte a los policías:

  • José Reyes Ramos Murrieta
  • Blanca Esther Martínez Martínez
  • Carmen Rodrigo Vueno Rico
  • Julio César Hernández Guerra
  • Carlos Gilberto Rodríguez Luna y
  • Julio César Pérez Grimaldo

En la recomendación también señalan que se deben aplicar señalamientos de responsabilidad administrativa para incluirlos en sus expedientes, además de que deben tomar un curso para ejercer su labor.

Para la Fiscalía, Derechos Humanos señaló a los agentes  Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez de ser quienes obstaculizaron desde el inicio el avance de la investigación, además de no atender las peticiones de la defensa de la familia de Leonardo, quienes desde su muerte exigieron la entrega de su carpeta de investigación y las pertenencias de su hijo. Ellos nunca apoyaron.

Hoy, en rueda de prensa, Guadalupe Cayente y Don Rafael, señalan que ahora la Fiscalía General del estado de Guanajuato y a la Secretaría de Seguridad del Estado, tienen 5 días para responder a las recomendaciones emitidas porque le fueron emitidas en días pasados por la Procuraduría de Derechos Humanos.

Indicaron que estas recomendaciones son una buena noticia tanto para la familia como para el equipo jurídico que los apoya.

«Nosotros vemos un gran paso para obtener la justicia que se está buscando y que se ha buscado desde un principio. Esa es buena noticia para nosotros y reconocer al Procurador (de Derechos Humanos) esa resolución», dijo Juan José Padierna, abogado de la familia.

«Cabe destacar que las autoridades tienen 5 días para responder si van a aceptar o no las recomendaciones. Estamos todavía en espera de eso pero confiamos en que van a ser aceptadas y además de que van a ser aceptadas, también esta resolución da pauta para la resolución que tiene que emitir la Fiscalía el día 2 de marzo«, agregó el representante legal de la familia de Leo Reyes.

El abogado indicó que «hubo una omisión por parte de los elementos de la seguridad pública del Estado. La omisión consiste en no brindar apoyo a Leo, que si se le da el reconocimiento como víctima de una violación a derechos humanos. El más importante que es la vida y se le violentó».

Aclaran que no estigmatizan a la corporación policiaca, ni tampoco hacen referencia que todos los policías actúen de la misma forma que actuaron los 6 policías involucrados en la muerte de Leo.

«Queremos apuntar bien que el Gobierno del Estado tiene esa responsabilidad con respecto de la actuación de sólo 6 servidores públicos, elementos del grupo táctico en aquel entonces de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato. Es por ello que se emitió ante esa actuación de ellos por parte de la Procuraduría, una violación a diferentes protocolos y normas internas de actuación de miembros de seguridad pública en general.

 

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