Redacción
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GUANAJUATO. – El diputado de Morena Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, presentó una iniciativa de reforma al artículo 262 del Código Penal del Estado de Guanajuato, con el objetivo de reparar los daños ocasionados a las normas de ordenamiento ecológico y territorial, y las personas que sean víctimas de engaño con la venta de lotes fuera de dichas normas.
Manifestó que es un hecho indiscutible que los asentamientos humanos irregulares ocasionen un perjuicio público, especialmente a las finanzas municipales, que son el ente territorial que terminará con el paso de los años absorbiendo los gastos de inversión necesarios para dotar de servicios públicos al asentamiento humano irregular.
Así mismo, que en la práctica del mencionado tipo penal, se impida la efectividad de la acción penal, toda vez que los órganos jurisdiccionales solicitan la acreditación probable de que existe un perjuicio público, para proceder a la vinculación de los sujetos activos, lo que en el caso de asentamientos humanos irregulares que siendo recientes y están en el proceso de venta, aún no existe forma objetiva de estimar el perjuicio público que se ocasiona, desestimándose de este modo por los tribunales las denuncias que por este delito se presentan.
Prieto Gallardo, añadió que, en relación a los asentamientos humanos irregulares, terminan siendo víctimas las personas que con su esfuerzo deciden invertir en la compra de una fracción de terreno para generar un patrimonio propio, toda vez que la promesa de escrituración es cumplida por los vendedores mismos, que en la mayoría de los casos, después de muchos años, incluso décadas, se expide por medio de procesos de regularización que implican la intervención de las autoridades, mediante la expropiación de los terrenos originalmente fraccionados en forma irregular.
El pasado 16 de septiembre del presente año, se publicó en el periódico AM, una nota titulada “Sin castigo: burlan la ley vendedores de terrenos irregulares en Guanajuato”.
Investigación mediante la cual, se evidenció que la Fiscalía General del Estado, inició 34 investigaciones sobre este delito del 1° de enero del 2021 al 31 de julio del 2021. Dicho dato, dijo el diputado, significa que en un lapso de 10 años, solo hubo un promedio de 3.4 investigaciones anuales de este delito.
En contraste, señaló que tan solo en el municipio de León se tienen identificados por la autoridad municipal 113 fraccionamientos irregulares. En Celaya un registro de 224, y en Irapuato 48, entre los que destaca un fraccionamiento irregular con 1,246 lotes.
Así mismo, de acuerdo con información proporcionada por la propia Fiscalía General del Estado, solo en 2 denuncias se ejerció acción penal, sin embargo, afirmó que no hay dato sobre alguna sentencia dictada en relación a este delito.
Por la situación actual de crecimiento de dicho delito, el diputado de Morena, señaló que es indispensable que se lleve a cabo la reforma propuesta, a fin de establecer la reparación para quienes son víctimas cautivas a través de engaños y falsas promesas, cuando compran un bien inmueble en un asentamiento humano irregular.
Mediante la reforma al artículo 262 del Código Penal del Estado de Guanajuato, se adicionan aspectos relativos a la reparación del daño, tanto para los entes de gobierno públicos, como para los compradores de fracciones o lotes que son parte de asentamientos humanos irregulares.
En cuanto al impacto social, se fortalecerá la procuración de justicia en beneficio de los entes de gobierno que tienen a su cargo la regulación del ordenamiento ecológico y territorial, así mismo, a favor de las personas que son víctimas de la venta de terrenos irregulares que no cuentan con permiso o que aún no cumplen con los requisitos.
Bien, ahora falta la iniciativa de la reducción de sueldos de senadores, diputados, presidentes municipales, gobernadores, funcionarios en general. Otra, el castigo e inhabilitación de por vida de cualquier empleado o funcionario que haya cometido cualquier ilícito dentro de su función. Reducción y/o eliminación de impuestos, ISPT. El gobierno no genera los empleos necesarios, por lo tanto quitar el impuesto sobre producto del trabajo o devolverlo al empleado. Esto si es una iniciativa clara, prudente y con beneficios inmediatos.