San Miguel de Allende en el Top 5 de quejas por abuso de poder y hostigamiento en Derechos Humanos

Redacción

newssanmiguel@gmail.com

 

SAN MIGUEL DE ALLENDE.- En el último año, los policías de San Miguel de Allende ha incursionado en el Top 5 de quejas por abuso de poder y hostigamiento contra los ciudadanos, según revela el informe 2023 del ombudsman de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez. Este informe, presentado ante el Congreso del estado, destaca que la ciudad de León encabeza la lista en este preocupante fenómeno.

De acuerdo con el reporte, las dependencias más denunciadas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) son la Fiscalía General del Estado (FGE), las policías municipales y la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV).

El informe resalta un incremento del 22 por ciento en el número de quejas durante 2023 en comparación con el año anterior. En 2023, la Prodheg recibió un total de 2,059 quejas, mientras que en 2022 fueron 1,676.

En cuanto a los presuntos responsables, se señala que mil 394 funcionarios estatales y 681 autoridades municipales fueron acusados de violentar los derechos humanos de los ciudadanos.

Del total de quejas recibidas en 2023, mil 851 ya están concluidas, con diversos resultados como sobreseimientos, acuerdos de no admisión, resoluciones de no recomendación, entre otros.

El gobierno de León lidera el número de quejas con 226, seguido por Irapuato con 162 y Celaya con 60. San Miguel de Allende se posiciona en el quinto lugar con 26 quejas.

Las policías municipales son las autoridades más acusadas de violar derechos humanos, con un total de 373 quejas, seguidas por los alcaldes con 152 quejas. En particular, 146 quejas fueron contra oficiales de León y 16 contra oficiales de San Miguel de Allende.

El informe también destaca que la Prodheg recibió 419 quejas de defensores de derechos humanos en 2023 y documentó el asesinato del activista Adolfo Enríquez Vanderkam y de la buscadora Teresa Magueyal de Celaya. Además, se integraron siete expedientes por quejas de periodistas y uno por denuncias de pueblos originarios.

 

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